Por Leslie Gordillo
CANCÚN, MX.- Quintana Roo ocupó durante varios años los últimos lugares en temas de transparencia, pero en los últimos dos años han mejorado su calificación a nivel nacional y la idea es seguir avanzando, pues aún hay mucho por hacer, afirmó Rafael del Pozo Dergal, secretario de la Contraloría.
“Hemos avanzado, de hecho en la última medición de la Secretaría de Hacienda, Quintana Roo ya ocupa junto con Hidalgo y Campeche, el primer lugar en calidad de la información financiera disponible para los ciudadanos, igual en otros indicadores hemos subido, como en la disponibilidad de información en plataformas del gobierno, al principio ocupábamos el lugar 28 y hoy estamos en 4º a nivel nacional”, afirmó.
La transparencia, dijo, no es llegar a una meta, sino algo en lo que se tiene que seguir trabajando para ser cada vez más transparentes, eficientar la comunicación y rendición de cuentas, contando por ejemplo con oficinas de transparencia en cada dependencia.
Explicó que al haber crecido el número de obligaciones en temas de transparencia, ahora son 50 fracciones a las que están obligados por ley, evidentemente se multiplica la responsabilidad o cargo y tienen que convertirlas en plataformas independientes para jugar con la información y hacer comparativas entre dependencias, servidores públicos y periodos.
“Tenemos dos plataformas ya disponibles, una vinculada a los gastos de publicidad del estado y otra a los viáticos de los servidores públicos… es un reto muy importante porque además hay 76 compromisos y 120 actividades por atender, no era el caso hacer una simulación”, agregó.
Avanzan las demandas
En relación a las demandas por malos manejos públicos en la administración pasada, comentó que siguen trabajando en las denuncias presentadas en Fiscalía y PGR, con más de 50 denuncias presentadas, 80 servidores públicos involucrados en promedio y con el compromiso de combate a la corrupción.
“Evidentemente las investigaciones van llevando de una información a otra, donde aparecen nuevas personas o nombres, no sólo servidores públicos, también de particulares e incluso empresas vinculadas con algunas operaciones. Estamos aportando evidencias, pero una vez que sea llevada la investigación, se judicializa y quedan al cargo del fiscal o el procurador”, concluyó. (Noticaribe)
