VERACRUZ, MX.- Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal general en el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa, culpó en la continuación de la audiencia donde se le acusa de su participación en desaparición forzada, que la actual administración de la Fiscalía General del Estado (FGE) creó “testigos inexistentes” para crear la carpeta de investigación en su contra y girar una orden de aprehensión, publicó Proceso.
En su turno de defensa, en una audiencia que cayó en receso y se reanudará el próximo sábado, Luis Ángel Bravo pidió la comparecencia de un testigo de identidad resguardada por la propia FGE, pues fustigó que existen “elementos suficientes” que hacen dudar la existencia de ese testigo.
Luis Eduardo Coronel Gamboa, fiscal Especializado en la Búsqueda de Personas No Localizadas -exfuncionario en el gobierno de Duarte- aseguró que ya se buscó al policía ministerial que en enero pasado rindió su declaración.
“Se le buscó en su domicilio en la colonia Obrero Campesina, nos abrió una señora que nos refirió que se mudó a trabajar a otra entidad, paradero que desconoce, y que pidió su baja en el trabajo que tenía porque teme por su integridad física”, excusó Coronel.
El fiscal adjunto, Julio Rodríguez, prometió que en el momento procesal oportuno se aportará el testimonio íntegro del “testigo de identidad resguardada” que señala a Bravo Contreras de haber participado en la alteración de una escena del crimen, correspondiente a la desaparición forzada del expolicía David Lara Cruz, cuyo cuerpo, según tesis de la FGE, fue arrojado en la barranca de “La Aurora”, pero removido —por instrucciones de Luis Bravo, Javier Duarte y su jefe policiaco, Arturo Bermúdez— a la congregación de “Tinajitas” en el municipio de Alto Lucero.
En esa misma carpeta de investigación (439/2018), se señala que fue en enero de 2016, cuando se hallaron 16 cuerpos, sin embargo el gobierno de Duarte solo admitió el hallazgo de seis.
En aquel entonces medios de comunicación que publicaron el dato real de la masacre —entre ellos Apro— recibieron telefonemas pidiendo que se bajara la información, advirtiendo que la vocería de Duarte podría enviar cartas aclaratorias. (Fuente: Proceso)