Por Leslie Gordillo
CANCÚN, MX.- Cuando empiece a funcionar el Instituto de Movilidad podrían caer un gran número de amparos por parte de diferentes empresas porque hay consideraciones en la ley que de momento no se están tomando en cuenta, pero que si se aplican van a generar una escalada de inconformidades, opinó Eduardo Galaviz Ibarra, representante del Observatorio Legislativo.
“Creo que esto se ha llevado muy torpemente es mi opinión, porque sale la ley y empiezan las negociaciones, sale la ley y empiezan las manifestaciones, empiezan las presiones, entonces esto se puede hacer mucho antes de que salga la ley, negociarla y ver a cada uno de los actores”, consideró.
Lo que se ha dicho en el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, insistió, es que no sólo se trata del tema de Uber, que ese es sólo uno de muchos elementos más, porque se afecta a los empresarios de transporte de carga, a los transportistas de línea federal, como ADO, Turicun, Autocar, entre muchos otros.
Además, dijo, en ese espacio de 90 días después de que se aprobó la ley, debió haber un diálogo con todos los involucrados, pero únicamente se ejerció una presión por parte de los taxistas, que dio como resultado una iniciativa de reforma diciendo que Uber tendría que ser una concesión.
“El estado no puede concesionar cosas que no le competen, el transporte público en ruta establecida históricamente es una concesión que debe dar mediante un permiso o proporcionarlo el municipio. Pero el estado como tal, no puede concesionar estacionamientos, sitios, terminales”, mencionó.
Insistió en que la falla es tanto del Congreso como del Ejecutivo y no están funcionando, porque quizá se quiere tener un Estado fuerte, pero si no hay fuerza en la operación, no se logrará.
Por ello, reiteró, lo que se espera son una gran cantidad de amparos y desafortunadamente los foros que hubo no sirvieron de nada, porque en realidad no se tomaron en cuenta las opiniones de quienes participaron. (Noticaribe)
