CIUDAD DE MÉXICO.— El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en una resolución contra el Estado mexicano, pidió una investigación “imparcial pronta y exhaustiva” de los atropellos cometidos contra la periodista Lydia Cacho, quien en diciembre de 2005 fue detenida y torturada por agentes policiacos, en represalia por la publicación de su libro “Los demonios del edén”, publicó Proceso.
Emitida el pasado 31 de julio, la resolución también pide que se juzgue y castigue a los responsables de estas violaciones, así como darle “una compensación adecuada” a la periodista. Y también adoptar las medidas necesarias para que, en el futuro, los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Entre estas últimas medidas, este Comité pidió la derogación en todo el país de los llamados delitos contra el honor, como son los de “difamación” y “calumnias”, que todavía se estipulan en las legislaciones de ocho entidades federativas.
En conferencia de prensa, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), indicó que este es “el primer dictamen” de su tipo contra México, por lo que el actual gobierno tiene un plazo de 180 días para darle respuesta.
Jarab también indicó que en México todavía se siguen cometiendo los mismos atropellos que, hace 13 años, sufrió Lydia Cacho: la tortura, la violencia de género, la detención arbitraria, los ataques a la libertad de expresión, la impunidad y la colusión del poder económico con el poder político.
Por su lado, Lydia Cacho, en la conferencia de prensa, señaló que estos atropellos los siguen viviendo muchos periodistas en el país:
“Somos sobrevivientes de una tragedia nacional… Yo soy una sobreviviente de la tortura. Fui torturada y perseguida por la policía, gobernadores, senadores y gente protegida por la Presidencia de la República”.
Y adelantó que seguirá luchando para que se castigue a quienes violentaron sus derechos. En aquel tiempo se señalaba al empresario poblano Kamel Nacif, así como a los políticos Mario Marín y Miguel Ángel Yunes, entre otros.
En la conferencia además participaron Ana Ruelas y Leopoldo Maldonado, directora y subdirector de Articulo 19, la organización que llevó el caso ante la ONU. También Ariel Rosales, el editor de “Los demonios del edén”, donde se denunciaba la existencia de una red de pornografía infantil, en la que estuvieron involucrados políticos y empresarios.
Todos ellos coincidieron en que, ante la negativa del Estado mexicano a hacerle justicia a la periodista, ahora es el Comité de Derechos Humanos de la ONU el que lo está haciendo.
Detallaron que, después de 13 años de que Cacho fue trasladada ilegalmente de Quintana Roo a Puebla, por un grupo policiaco que la secuestró y torturó, solamente uno de estos agentes policiales ha sido sentenciado por tortura. (Fuente: Proceso)
