A finales del año pasado, el entonces titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Vergara Fernández, lanzó un ambicioso proyecto para aumentar un punto porcentual el Impuesto al Hospedaje (IH) a fin de obtener recursos para combatir la inseguridad y la violencia en Cancún.
El proyecto consistía en recaudar mil 900 millones de pesos para el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C-5), que incluían las cámaras de seguridad, monitores, equipamiento y personal y para la ‘ciudad militar’.
Sin embargo, hubo oposición de los directamente afectados y finalmente el Gobierno del estado cedió ante los hoteleros.
Hace unos seis meses, en una reunión a la que asistió el titular de Sectur, Enrique de la Madrid, de la Mesa de Seguridad y Justicia de Cancún e Isla Mujeres (en la que hay representación de empresarios), se presentó la propuesta de que el Gobierno federal aporte los recursos para atender el grave problema de inseguridad que afectaba y sigue afectando al destino. El funcionario federal se comprometió hacer las gestiones, pero al final de cuentas no pasó nada.
La última propuesta fue vender un terreno de la Comuna. El detalle era que el costo político lo tenía que asumir el ayuntamiento verdi-priista de Benito Juárez, mientras que la Mesa de Seguridad y Justicia no vería afectada su reputación..
El predio elegido fue el lote 19 de playa Marlin. Pero el asunto trascendió y la opinión pública ha dejado en claro en diversos foros su contundente rechazo a la ‘privatización’ de otra de sus playas.
Y todo parece indicar que los actuales regidores no quieren asumir el costo político de ‘privatizar’ playa Marlín.
