Bien dicen que quien hizo la ley hizo la maña.
Y es que es todo un galimatías la destitución del Fiscal General del Estado (FGE). No queda muy bien si corresponde al Ejecutivo o al Congreso del estado.
Por un lado, se establece que el Gobernador podrá ‘instar’ la remoción del Fiscal, pero que corresponde a la Legislatura llevar a cabo el procedimiento.
Pero, por otro lado, se da la facultad de una especie de veto al Congreso del estado para sostener al Fiscal ‘contra viento y marea’.
Todo el andamiaje legal de la Fiscalía, incluido cómo destituir al Fiscal, fue dentro de aquel tristemente célebre ‘paquete de impunidad’ que, a iniciativa de Roberto Borge, aprobaron los diputados, en su mayoría suplentes, de la anterior Legislatura ‘en sedes alternas’.
Este enredo de leyes en torno a la FGE tuvo el propósito de que Borge tuviera un Fiscal a modo que le cuidara las espaldas a su salida. El elegido fue Arturo Álvarez Escalera, que finalmente renunció ante las presiones del entonces nuevo gobierno.
Y ahora esa ley del ‘paquete de impunidad’ terminaron por favorecer ‘a terceros’.
