Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- De acuerdo con el Índice de Desarrollo Democrático 2017, Quintana Roo se localiza en la posición 25 de la tabla nacional y, por primera ocasión, se coloca en la zona de mínimo desarrollo democrático al retroceder un 60 por ciento en los índices como resultado de la evaluación negativa en democracia de los ciudadanos y democracia de las instituciones, ya que los incrementos en democracia social y democracia económica de los ciudadanos no han podido equilibrar los retrocesos obtenidos.
El estudio elaborado por la organización IDD-MX con apoyo de instituciones como la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto Nacional Electoral, la Confederación USEM, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, Polilat y el Colegio de México, en la dimensión Democracia de los Ciudadanos, Quintana Roo presenta una calificación inferior a la del 2015, con valor de 4 mil 148, producto de peores puntuaciones en los índices de derechos políticos y libertades civiles “allí es donde la entidad muestra déficit” (SIC) A continuación el reporte presentado por IDD-MX.
Las mejores calificaciones en los indicadores voto de adhesión política, género en el gobierno e inseguridad no alcanzaron a equilibrar el puntaje final de la dimensión. Quintana Roo obtiene una buena puntuación en el indicador de inseguridad. Según el Índice de Paz México (IPM), en 2016, Quintana Roo fue el décimo primer estado más violento de la República Mexicana; a pesar de ello, la percepción de inseguridad pública es menor que la de otros estados menos violentos, con 58.8%, conforme a los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016. La misma encuesta señala que, conforme a los últimos datos recabados, la tasa de víctimas de algún delito es de 29,231 por cada cien mil habitantes, mientras que la tasa de defunciones por homicidio resulta baja frente a la de otros estados, con 9 casos por cada cien mil habitantes.
Según los Indicadores Regionales de Actividad Económica (IRAE), las tasas de robo con violencia y lesiones dolosas son también bastante inferiores a la media nacional, con 60.2 y 71.7 casos por cada cien mil habitantes, respectivamente. Los delitos más comunes en Quintana Roo son: la extorsión, el robo o asalto en calle o transporte público y el robo en casa habitación y los dos delitos más comunes en la entidad presentaron un aumento en comparación con los datos anteriores recabados por el INEGI.
La ENVIPE estima que el 57.7% de la población adulta considera la inseguridad como el problema más importante de la entidad; así mismo, presenta niveles de confianza en el ejército y la marina similares a los de la media nacional, con 88.1% y 87.1%, respectivamente, mientras que los niveles de confianza en la Policía Preventiva Municipal y en la Policía de Tránsito son especialmente bajos. Quintana Roo fue considerado como el estado con mayor impunidad en México por el índice de Impunidad Estatal 2016.
En el proceso electoral del 5 de junio, se renovaron los cargos de gobernador, 11 alcaldías, 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 diputaciones de representación proporcional. La coalición “Quintana Roo UNE, una nueva esperanza”, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), resultó ganadora en el proceso para elegir gobernador. Carlos Manuel Joaquín González se convirtió así en el primer gobernador del estado que no pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el 35.7% de los votos, en gran parte motivado por las acusaciones de desvío de recursos públicos que pesaban sobre el ex gobernador de la entidad, Roberto Borge Angulo, y varios de sus colaboradores.
Sobre la democracia de las instituciones, la entidad recibió una calificación de mil 382, significativamente inferior a la obtenida en 2015 y por segunda vez desde el 2010 a la fecha, ingresa al grupo de entidades con mínimo desarrollo democrático. En el resto de los informes, Quintana Roo ha recibido puntuaciones de bajo desarrollo democrático, salvo en el 2010 que obtuvo una calificación intermedia. Por el peor puntaje, desciende diez posiciones en el ranking general, pasando al 18° lugar. El descenso es producto principalmente de que ha sido castigado por ser uno de los estados con crisis política y que el resto de los indicadores se ha mantenido en puntuaciones similares a las del 2015, teniendo en cuenta que los resultados obtenidos no son óptimos, más por el contrario en el caso de las variables de desestabilización de la democracia y participación en las decisiones públicas.
Quintana Roo es una de las entidades que presentan una puntuación casi óptima en accountability. Quintana Roo, como ya se dijo, fue considerado el estado con mayor impunidad en el país durante 2016. Al igual que en otras entidades mexicanas, los escándalos de corrupción y desvío de fondos, ya cercano el proceso electoral, fue el principal motivo de las movilizaciones y conflictos sociales a lo largo del año. En agosto, el gobernador saliente de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue señalado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por supuestos desvíos de fondos de instancias estatales.
Entre el 24 y el 25 de junio, en sesión extraordinaria, el Congreso incluyó en su agenda una iniciativa presentada por el aún gobernador Borge, denominado por el gobernador electo y los medios de comunicación como “paquete de impunidad”, pues tenía el fin de blindarse de cualquier proceso posterior a su abandono del cargo frente al ejecutivo del estado.331 Ese mismo día, convocados por el gobernador electo, más de trescientas personas se manifestaron en las afueras de la sede del Congreso, mientras que un grupo de diputados de la oposición y algunos diputados electos del PAN y PRD tomaron la tribuna al llegar al tercer punto de la orden del día esperando interrumpir así el flujo de la sesión.
Durante las siguientes semanas, y hasta la entrada del nuevo gobierno, se realizaron diversas manifestaciones en contra de la que los habitantes empezaron a conocer como “Ley Borge” y las modificaciones a la Constitución del Estado. Finalmente, el 11 de julio la Presidencia de la República presentó una controversia constitucional en contra de las reformas y designaciones votadas por el Congreso de Quintana Roo.
Entre la última semana de junio y la primera de julio, en una serie de sesiones extraordinarias fuera del recinto legislativo, el Congreso aprobó una serie de reformas y nombramientos que serían interpretados por la oposición y los medios de comunicación como una iniciativa para blindar a la administración del gobernador saliente, Roberto Borge Angulo. En el conocido públicamente como “paquete de blindaje” de Borge, se consideraban regulaciones y nombramientos en materia de rendición de cuentas y justicia administrativa, además de una serie de medidas como la aprobación de una deuda para el municipio de Solidaridad y el privilegio de mantener escoltas pagadas por el estado durante los siguientes quince años.
El 11 de julio, en medio de las críticas y manifestaciones de la oposición, del gobernador electo y de amplios sectores de la sociedad civil, la Procuraduría General de la República (PGR), por instrucciones de la Presidencia, presentaría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las regulaciones y nombramientos en materia anticorrupción aprobados por la legislatura local en las semanas anteriores;335 quien finalmente, el 15 de noviembre, dictaminó que la acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR carecía de materia para proceder, ya que en agosto, después de presentarse la acción de la Procuraduría General, las reformas y nombramientos indicadas por esta instancia se habían visto revertidos por el Congreso del estado, entre ellas, la creación de un Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía General del estado.
En otra decisión controversial del Congreso local, el 22 de junio se aprobó la contratación de financiamientos por 1,030 millones de pesos para su utilización en obras de beneficio público en el municipio de Solidaridad, poco después de que su ex presidente municipal, candidato del PRI a la gubernatura del estado, perdiera las elecciones. Este nuevo endeudamiento, sumado a los 758 millones de pesos ya adeudados desde administraciones anteriores, convirtió a Solidaridad en el municipio más endeudado del país, sólo seguido por Nuevo Laredo y Nogales. La bancada del PRI, principal promotora de la iniciativa, argumentó en respuesta a las múltiples protestas que no se trataba de un nuevo endeudamiento, sino que era un refinamiento de los financiamientos ya aprobados.
Quintana Roo presenta una puntuación en la Democracia Social superior a la del 2015, que le significa alcanzar una mejor ubicación en el ranking general, mejorando 4 lugares con respecto al 2015, alcanzando el 16º lugar. Con esta valoración, se mantiene en el conjunto de entidades con desarrollo democrático medio. El avance es producto de incrementos en los resultados de Desempleo, Población bajo la línea de la pobreza y en los indicadores de resultados en materia educativa; no así en eficiencia en salud y gasto público social.
En lo que respecta al gasto en salud y en educación, Quintana Roo debe realizar esfuerzos para superar el déficit de desarrollo. Durante 2016, la población total de la entidad fue de 1´619,762 habitantes (1.3% de la población nacional); de éstos, 776,043 habitantes se encuentran ocupados en alguna actividad laboral, siendo la mayor parte de ellos (69.4%) trabajadores asalariados, mientras que cerca de una tercera parte de la población se encuentra desocupada. De la misma forma, de acuerdo datos de Coneval, sólo el 35.9% de la población se encuentra en situación de pobreza y cerca de 107.6 miles de personas se encuentra en pobreza extrema (7.0% de la población total), siendo el séptimo estado con menor tasa de pobreza en el país.
Quintana Roo, libre de analfabetismo y quinto estado con menor rezago educativo. El gobernador Roberto Borge Angulo indicó que redujo a sólo 28 por ciento el rezago educativo, es decir, el número de personas sin concluir primaria y secundaria, cuando el promedio nacional es del 35 por ciento. Entre 2011 y 2016, 18 mil 875 personas aprendieron a leer y escribir, superando el analfabetismo. Otras 64 mil 222 obtuvieron sus certificados de primaria o secundaria, con servicios gratuitos de calidad y con equidad. Para abatir el rezago educativo y dar mejores oportunidades para la educación de los adultos, el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos (IEEA) se ha fijado por meta para el año 2017 declarar a Quintana Roo libre de analfabetismo, disminuir de manera significativa el rezago educativo e incorporar al instituto de manera presencial la educación media superior.
Por último, en la Democracia Económica, Quintana Roo presenta un incremento con respecto al 2015, que le significa mejorar su ubicación en el ranking, en cuanto en el 2015 se posicionaba en el 21º lugar, y en el 2017 gana seis posiciones, y también mejora su calificación de desarrollo democrático, pasando de bajo a medio.
A lo largo de la serie Quintana Roo osciló entre un nivel intermedio de desarrollo democrático y en muy pocas oportunidades con menor valoración. El incremento de la puntuación es producto de avances en los indicadores de PIB per cápita, Competitividad Estado-sociedad e inversión. A pesar del mejor puntaje en la dimensión, la entidad tiene mucho por trabajar en lo que se refiere a autonomía financiera y Competitividad Estado-sociedad. Quintana Roo es uno de los estados con mejor puntuación en la variable que mide la desigualdad.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Quintana Roo creció exponencialmente durante el 2016, con un 7.0% en contraste con el 4.7% del año anterior; fue el aumento más alto del PIB estatal en todo el país durante el año, y tal cifra prácticamente triplica la cifra del PIB nacional. Las actividades terciarias son, por mucho (87.5%) las actividades económicas que más aportan el PIB estatal, siendo el alojamiento/preparación de alimentos y el comercio las dos actividades que por sí solas más aportan al PIB de la entidad, con 21.5% y 18.7%, cada una.
De esta manera, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Quintana Roo fue el quinto estado con mayor crecimiento económico en los últimos cinco años. En contraste con lo anterior, el IMCO no considera a Quintana Roo como un estado especialmente competitivo, colocándole en el décimo primer lugar de su lista. Fue el estado donde las actividades económicas secundarias tuvieron la mayor expansión, seguido por Yucatán, donde crecieron 9.2% anual. Dentro de las actividades secundarias, destaca el crecimiento de la construcción, el cual representa 7.2% de la economía y creció 49% durante 2016. Aunque el estado tiene una industria manufacturera y de producción alimenticia considerable y recursos naturales y alimenticios locales importantes (miel y chicle), según los últimos datos recabados por la Secretaría de Economía es la entidad federativa con menor valor en sus exportaciones. Esto se debe a que, tanto las últimas administraciones gubernamentales como la población, han volcado su atención al turismo. Es de vital importancia continuar exigiendo la transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos para que sean destinados a fines que beneficien a toda la población. Asimismo, hace falta impulsar la inversión pública para desarrollar infraestructura de calidad que mejore la conectividad entre las regiones del país y hacia el exterior. Finalmente, la atracción de inversiones privadas que fomentarán el crecimiento económico y la generación de empleos formales solo serán posible en un ambiente con reglas claras y un Estado de derecho que se respete. (Noticaribe)