CHIAPAS, MX.- Abogados, maestros, activistas y otros profesionistas de diferentes lenguas de Chiapas, todos miembros de la Red Estatal Indígena, se presentaron ayer ante la vocalía local ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) para reclamar que lo que pasó el 1 de julio no fue “una fiesta”, sino “una burla” para los pueblos originarios de Chiapas y una flagrante violación a los derechos, publicó Proceso.
Y es que, de los cinco distritos federales en territorios indígenas, ninguno de los diputados federales electos es de los pueblos originarios de la entidad, donde casi la tercera parte de su población pertenecen a uno de los 12 grupos étnicos registrados.
Según un comunicado de la Red, Yaneth Cruz Gómez, del grupo indígena Tojolabal de Las Margaritas; Olga López, del grupo indígena tseltal de Oxchuc; Marcos Shilón, del pueblo tsotsil de los Altos de Chiapas, y otros miembros de la organización hablaron ante consejeros electorales del INE y representantes de los partidos políticos al término de una sesión de esta tarde.
Ahí, los funcionarios electorales y partidistas escucharon a la comisión de líderes indígenas -la mayoría de ellos médicos, abogados, maestros y de otras profesiones-, quienes se dijeron indignados porque el INE avaló tales candidaturas y los tribunales electorales las ratificaron. Dijeron que “toda esta farsa” fue eso y no una “fiesta electoral” como la calificaron los órganos electorales.
Los inconformes indicaron que un millón 500 mil chiapanecos, de los cuatro millones 500 mil del total de habitantes, pertenecen a uno de los 12 pueblos indígenas con presencia en la entidad.
Al menos cinco de los 13 distritos electorales, agregaron, están ubicados en territorios indígenas, pero de los cinco a los que les dieron constancia de mayoría, nadie es miembro de los pueblos zoque, tseltal, tsotsil, tojolabal, mam, lacandón, chol y otros.
Por ello, afirmaron que las elecciones fueron “una burla” y que lo peor fue que dos de los cinco supuestos representantes que recibieron constancias de diputados federales electos falsificaron documentos para representar esos distritos indígenas y, pese a ello, fueron ratificados por los tribunales electorales.
“Venimos a manifestar y a repudiar tajantemente los hechos y los actos consumados por las diversas dependencias, entes y órganos electorales del Estado y de la nación, al dejar a los pueblos indígenas de Chiapas sin representación alguna en el Congreso de la Unión, violentando de esta manera sus derechos políticos electorales y los criterios de acción afirmativa para ocupar los curules que ya les correspondía por derecho constitucional”, dijeron Olga López y Yaneth Cruz Gómez al leer el pronunciamiento.
“También exaltamos nuestra indignación y descrédito total a las instituciones, entes y órganos electorales que han fallado y actuado con dolo, mala fe y falto de exhaustividad y certeza en sus actos, así como en sus omisiones”, señalaron.
Los inconformes explicaron que, en un primer momento, los partidos políticos y coaliciones que participaron en este proceso electoral “omitieron no garantizar democráticamente la selección de sus candidatos en sus procesos internos, incumpliendo con los criterios de paridad, pluralidad y acciones afirmativas en los Distritos Electorales Indígenas, violentando de esta manera sus propios estatutos y principios disque democráticos, que sólo han servido a la simulación y al engaño de los chiapanecos”.
Además, acusaron que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una “resolución acéfala y poco exhaustiva” sobre los casos de Roberto Antonio Rubio Montejo y Humberto Pedrero Moreno, candidatos en los Distritos Electorales Indígenas 2 y 11 de Chiapas.
Argumentaron que la autoridad fundó y motivó sus criterios sobre la “flexibilidad intercultural” y no a la sustantividad de los derechos indígenas.
Incluso, dijeron que “se apegaron a la forma más no al fondo de los asuntos, además de que todas las constancias ofrecidas por las partes para acreditar su calidad indígena se han hecho a base de documentos falsos e ilegítimos, puesto que ninguno de los documentos que obran en el expedientes son expedidos por las verdaderas autoridades indígenas, sino que fueron expedidos fraudulentamente por autoridades ejidales que no son propiamente indígenas, a pesar de las denuncias que se han interpuesto ante las autoridades competentes”.
Los integrantes de la Red Estatal Indígena manifestaron que el INE “violó” los principios de certeza, objetividad y máxima publicidad en la sustitución de candidatos durante el proceso electoral al permitir cambios a últimos minutos y horas antes de la jornada electoral. Con ello, dijeron, se generó una “inestabilidad e incertidumbre en la voluntad de los chiapanecos, más con la vulnerabilidad de los pueblos y comunidades indígenas al no tener certeza en la emisión de su sufragio”.
No solo eso. Agregaron que el Instituto “cayó en omisión” de garantizar su propio Acuerdo General INECG/508/2017 en cumplir y materializar la acción afirmativa de los pueblos y comunidades indígenas en los Distritos Electorales declarados Indígenas sobre la acreditación de la calidad indígenas de los precandidatos y candidatos en esta contienda electoral.
Los representantes indígenas repudiaron a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyo titular Roberto Serrano Altamirano, emitió “documentos falsos y fraudulentos de identidad indígena sin estar facultado para ello, puesto que no es una comunidad ni un pueblo indígena que pudiera definir el origen y la calidad indígena, así como el vínculo comunitario, sino que solamente es un órgano encargado de detonar el desarrollo de los pueblos y comunidades, según su ley orgánica”.
También repudiaron a la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos al acusarla de usar documentos falsos y fraudulentos de identidad indígena sin estar facultado para ello, pues esa competencia le corresponde a los pueblos y comunidades indígenas a través de sus Asambleas Generales.
Roberto Antonio Rubio Montejo y Humberto Pedrero Moreno, candidatos electos en los Distritos 2 y 11 de los Distritos Electorales Federales declarados Indígenas en Chiapas, fueron declarados “no gratas e ingratas sin alma, carentes de conciencia, moralidad, ética y de juicio, y siempre serán para nosotros “politicastros”.
Los inconformes llamaron a los pueblos y comunidades indígenas chiapanecos a asumir su responsabilidad en crear las condiciones para que regulen la acreditación de la calidad indígena y sancionen a quienes intentan usurpar funciones e identidades.
Luego, pidieron una mesa de diálogo urgente con los partidos político, el INE, el TEPJF, el Congreso de la Unión, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas para crear las condiciones del escenario político electoral en Chiapas y materializar los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas bajo el principio de la no repetición. (Fuente: Proceso)