Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- El coordinador estatal del partido político local Movimiento Auténtico Social (MAS), Héctor Pérez Rivero consideró necesario que el Congreso del Estado retome la iniciativa para que Quintana Roo cuente con su propia Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, ante las agresiones que se han registrado en contra de trabajadores de medios de comunicación y el estado de indefensión en la que se encuentran.
Al ofrecer una conferencia de prensa y dar a conocer la denuncia interpuesta ante la comisión de los Derechos Humanos por el abuso de autoridad en contra de la ciudadana Blanca Buenfil Vanegas a manos de policías estatales y ante la Procuraduría General de la República, dijo que “si bien en la legislación federal se contempla la libertad de expresión y la protección a quienes ejercen el periodismo, hace falta reforzarlo en el ámbito local”.
“Es un hecho notorio que en Quintana Roo han habido atentados y asesinatos contra periodistas y se necesita una ley que atienda y proteja en forma inmediata sus derechos”, señaló.
Sobre el caso de Vanegas Buenfil, quien se desempeña como periodista en el estado, dijo que fue desalojada a la fuerza por más de ocho elementos, que llegaron a bordo de dos patrullas tras recibir una queja de los propietarios de un restaurante por, supuestamente, alterar el orden público, quienes la esposaron para sacarla de un restaurante.
Manifestó la inconformidad de que la inculpada haya sido trasladada en la “batea” de una de las patrullas en lugar de la cabina “por tratarse de un delito considerado no grave y no tratarse de un delincuente. “Hubo una extralimitación de la autoridad policíaca ya que, ante la llamada de los propietarios del local, fue trasladada a los separos de la policía y no únicamente desalojada del local”.
Pérez Rivero afirmó que el abuso de autoridad por parte de los elementos policíacos derivó del ejercicio periodístico de Buenfil Vanegas ya que se encontraba entrevistando a unas personas sobre la Ley de Movilidad, cuyo reportaje publicaría en su portal de internet.
Reiteró que se ha presentado la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, en particular de la Fiscalía Anticorrupción la cual se declaró incompetente y se canalizó hacia la Procuraduría General de la República. (Noticaribe)
