VERACRUZ, MX.- Las pugnas por el territorio en el mapa delictivo de las organizaciones criminales, han dejado una estela de muerte y desapariciones que brotaron una vez más con el hallazgo de 32 fosas clandestinas en la región de Arbolillo en el municipio de Alvarado, en donde hasta el momento llevan recuperados 174 cráneos de personas que fueron asesinadas e inhumadas, publicó Excélsior.
De acuerdo con lo referido por fuentes de seguridad, la región del Sotavento ha sido fuertemente disputada por dos organizaciones: Los Zetas, que entraron en 2004 y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), banda que se dedicó a buscar el control de la plaza y comenzaron las matanzas.
En marzo de este año, durante la vinculación a proceso de 16 policías y tres mandos, incluido el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, fue revelado que los involucrados trabajaban para las organizaciones delictivas, primero para Los Zetas y que su trabajo consistía en ‘levantar’ a personas identificadas con la organización rival, la del CJNG, pero luego todo cambió y se volvieron contra quienes primero sirvieron.
Es por ello que el hallazgo en Arbolillo pone nuevamente en relieve la actuación de los cuerpos de seguridad que instalaban ‘retenes’ y a sus víctimas las ‘detenían’ pero en realidad eran desaparecidas.
Las denuncias de algunos familiares coinciden en mencionar que la última vez que vieron a sus seres queridos o que supieron de ellos fue justamente durante una detención.
Aunque a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Xalapa han llegado familias para buscar entre los restos localizados algo que les conduzca a identificar a sus familiares, fuentes de la Fiscalía General de Veracruz autorizadas, informaron que no hay hasta el momento alguna persona o personas que hayan logrado reconocer alguna prenda o credencial mostrada en los catálogos electrónicos que les han presentado.
También señalaron que el proceso de identificación se podría llevar semanas o meses, pues la extracción de perfil genético de los restos óseos lleva al menos dos meses y máximo nueve y hasta no tener los resultados no se pueden comparar con la base de datos de los familiares que han entregado sus muestras. (Fuente: Excélsior)