Por Saraí Santillán

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Empresarios y activistas de Playa del Carmen, acusaron a Cristina Torres Gómez, presidente de Solidaridad, de actuar con opacidad en la aplicación de recursos obtenidos por el cobro del impuesto al Derecho de Saneamiento Ambiental, por el que se cobra a turistas 20 pesos por habitación en Solidaridad y que hasta el 19 de julio del 2018, había recaudado la cantidad de 117 millones 69 mil 907 pesos y del cual este jueves se hizo entrega de la maquinaria adquirida para contribuir a la limpieza del sargazo, a 15 días de que será entregada la administración municipal.

Jorge Zabaleta Pellat, activista, señaló que pidió detalles de los gastos a través de la Unidad de Transparencia municipal, pero no le fueran otorgados, por lo que exigió “que la presidenta municipal verifique las cuentas, que nos digan cuánto costó, como se hicieron las asignaciones, toda la información requerida, y que no estén dando la información por etapa, que nos digan claramente en qué se gastaron los 167 millones de pesos, porque tenemos un problema muy fuerte con el sargazo, ahora sí muerto el niño quieren tapar el hoyo, es muy difícil”.

Sobre el uso del recurso público, invertido en maquinaria para la remoción del sargazo, dijo que actualmente “no se está haciendo nada para contener el problema, el recurso existía y hay varias personas que han presentado proyectos que en un momento dado se contaban con los recursos y se pudo echar a andar y ahorita no sabemos nada y no hay transparencia en la rendición de cuentas y más que deriva en un impuesto que están cobrando ellos, que lo están manejando ellos”.

La molestia se ha generado porque la crisis del sargazo ha golpeado a los sectores económicos de la ciudad y el turismo no se queda en las playas debido al olor del alga y por la tardanza de la aplicación de los recursos para atender la contingencia a nivel municipal.

“Yo lo que sí puedo recomendar es que la siguiente autoridad municipal haga una auditoría de esos recursos y en un momento dado se pongan las acciones legales correspondiente, que se vaya a la cárcel quien se tenga que ir a la cárcel, si no se transparente esos recursos. Si la auditoría sale bien, simplemente no están informando ni dando la información como se debe dar”, recalcó.

Además de la aplicación del dinero, acusan a las autoridades de la opacidad con que ha sido manejada la información respecto a los montos recaudados, la constitución del fideicomiso y la información entregada a cuentagotas y sin detalle por la unidad de transparencia continúan generando dudas respecto este fideicomiso y su administración. (Noticaribe)

 

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