CANCÚN, MX.- Desde octubre de 2016, cuando Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV (Aguakán) dejó de pagar la contraprestación que le corresponde como concesionaria del servicio de agua potable en Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, el gobierno de Quintana Roo ha realizado diversas acciones para evitar que el incumplimiento de la empresa afecte a los casi 900 mil habitantes de esos tres municipios.
Frente a las acciones legales emprendidas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para verificar el cumplimiento económico y operativo de Aguakán una vez que el actual gobierno estatal entró en funciones en septiembre de 2016, la concesionaria anticipó su defensa en los juzgados para evitar la cancelación del título de concesión que le fue prorrogado anticipadamente a su vencimiento en el último año del quinquenio de Roberto Borge.
El 12 de diciembre de 2014 la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó el dictamen de Decreto por el que se prorrogó anticipadamente a su vencimiento la concesión del servicio a Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV hasta el 31 de diciembre de 2053 y además, se decidió incorporar en dicho título al municipio de Solidaridad.
En esa misma sesión los diputados locales aprobaron el decreto 251 mediante el cual le autorizaron a CAPA contratar un crédito bancario por hasta 980 millones de pesos. El préstamo contratado fue de 560 millones y sería para inversión en infraestructura aunque su destino real se desconoce hasta el momento.
Ese crédito tendría que pagarse trimestralmente a través de la contraprestación que debería pagar Aguakán. Sin embargo, la concesionaria promovió un recurso ante un juzgado federal para depositar ahí los pagos de las contraprestaciones que se realizan cada tres meses y que anualmente suman más de 200 millones de pesos.
En tanto, el gobierno del estado ha tenido que afrontar ese pago como aval, aunque se desconozca el destino real del préstamo igual que el de los mil 55 millones de pesos que recibió por parte de la empresa el exgobernador Roberto Borge, a cambio de la concesión ampliada hasta el 2053.
El 5 de diciembre de 2014 el exgobernador y representantes de CAPA y Desarrollos Hidráulicos de Cancún firmaron un contrato en el que quedó asentado que la concesionaria pagaría al gobierno de Quintana Roo una cantidad extraordinaria de mil 55 millones 999 mil 962 pesos como contraprestación única al concluir con el trámite de la privatización del agua, pactado “a más tardar” para el 18 de diciembre de ese mismo año.
Ese plazo se cumplió antes, el 15 de diciembre, cuando en el número 114 Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, se publicó el Decreto número 250 por el que se aprobó prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión integral otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV.
Ambos montos, por el préstamo y el pago extraordinario, duraron sólo unos minutos en las cuentas bancarias de CAPA antes de que fueran transferidos a una cuenta de la Secretaría de Finanzas que dirigía entonces Juan Pablo Guillermo Molina, y de ahí desaparecieron.
Así el pasado miércoles 19 de septiembre las oficinas de la empresa en Playa del Carmen y Cancún fueron intervenidas por agentes de la Policía Estatal y Federal, a fin de realizar un inventario luego de que las autoridades estatales detectaron un presunto desvío de más de mil 200 millones de pesos durante un arqueo a la concesionaria.
