CHETUMAL, MX – Los integrantes de la XV Legislatura del Congreso se pronunciaron por mayoría a favor de avalar el acuerdo entre el Ayuntamiento de Solidaridad y el Estado, para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, haga uso, administre y opere el recurso humano y tecnológico del centro de comando, control, comunicación y cómputo “C4”, con la finalidad de que la policía estatal pueda implementar sus programas en beneficio de la ciudadanía.
En la sesión ordinaria número 9, presidida por el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, los integrantes del Pleno aprobaron por mayoría de 15 votos a favor y con los votos en contra de las diputadas Sonia López Cardiel, Tyara Schleske de Ariño y del diputado Emiliano Ramos Hernández, el dictamen por el que se avala este acuerdo entre el Ayuntamiento de Solidaridad y el Estado.
En el documento, se reconocen las amplias facultades del municipio de Solidaridad para que, por sí, celebre convenios con el Estado para que se haga cargo en forma temporal de las funciones o servicios públicos.
En el caso específico de este acuerdo en materia de seguridad, entre los servicios que presta el centro C4 se encuentran: el sistema de emergencia 9-1-1, la regulación y administración de comunicaciones de radio de los cuerpos policiacos, órdenes para atender llamadas de auxilio, estadísticas de llamadas, red de videovigilancia municipal, consulta de bases de datos a nivel estatal y nacional, sistema autorizado de identificación de huellas digitales (AFIS), unidad de análisis de información e inteligencia, servicio de consulta de plataforma México, entre otros.
En su intervención, el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, señaló que a través de este procedimiento se pretende reforzar, mediante un C4, la seguridad de la comunidad, otorgando en comodato un inmueble, para que la policía estatal pueda implementar sus programas en la materia a favor de los solidarenses.
Posturas de fracciones parlamentarias y diputados independientes
Al pronunciarse en contra de la autorización, el diputado independiente Emiliano Ramos Hernández, cuestionó el acuerdo pues debió haberse analizado y escuchado tanto a la administración saliente como a la entrante, tal y como se ha hecho con otros temas del ámbito municipal.
Ramos Hernández consideró que no se respetó la autonomía municipal, pues el acuerdo no cumple con los extremos a los que hace referencia el artículo 192 que señala la Ley de los Municipios.
Además, el legislador aseguró que el aprobar este acuerdo representa una contradicción de la administración saliente del municipio de Solidaridad.
La diputada Tyara Schleske de Ariño, el grupo parlamentario del PVEM también votó en contra del dictamen, por la premura, como calificó el procedimiento, para analizar el tema donde debió incluir la opinión de la nueva administración.
“Precisamente por eso tiene que ser la nueva administración que inicia el 30 de septiembre quien se haga cargo de estos temas, quienes deberán en coordinación y tomar las decisiones necesarias o hacer la solicitud que ellos crean pertinente”, agregó.
La legisladora independiente Sonia López Cardiel también se expresó en contra del dictamen, pues consideró que, al quitarle la seguridad al gobierno municipal, no se le está brindando la oportunidad a la nueva administración de demostrar que son capaces de atender un tema trascendental para los ciudadanos solidarenses.
La diputada Leslie Hendricks Rubio, de la fracción parlamentaria del PRI, aseguró que este convenio entre el Ayuntamiento de Solidaridad y el Estado, no surgió hace cuatro días, ya que el convenio deviene de un acuerdo que se firmó en mayo de 2017 entre las partes, en un convenio de colaboración intergubernamental en materia de seguridad pública.
“No quiere decir que se esté relegando en su función de brindar seguridad pública a los ayuntamientos y quedan intactas las facultades que tiene el ayuntamiento para poder hacer frente a esta responsabilidad que deberá hacerlo en coordinación con el gobierno del estado y con el gobierno federal por supuesto, como lo tienen que hacer todos los ayuntamientos de todo el país”, detalló.
Por su parte, el diputado Fernando Zelaya Espinoza aseguró que no se está hablando de una imposibilidad por parte de la administración municipal saliente de atender el tema de la seguridad pública, el acuerdo “es un llamado para poder tener respuesta inmediata en el tema de un C4, que pueda establecer mayores mecanismos de eficiencia y eficacia entre los tres niveles de gobierno para atender el llamado o urgencia de la propia ciudadanía.”
El diputado José Luis González Mendoza consideró que este convenio pondrá a prueba a la nueva autoridad municipal, para lograr hacer las cosas de manera eficiente y trabajar coordinadamente con el Gobierno del Estado para que, en función de este acuerdo y si el cabildo considera que no es adecuado, en su momento tomarán la decisión que sea pertinente.
En tanto, el diputado presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, aclaró que no se le está quitando ni una sola patrulla o elemento de la policía al municipio de Solidaridad, sino que se trata de un asunto de coordinación interinstitucional. Incluso dijo que la nueva autoridad municipal y el Gobierno del Estado, pueden revisar el acuerdo y perfeccionarlo.
El diputado Raymundo King también consideró viable esta determinación de avalar el comodato del C4, “hoy lo que se está dirimiendo es si el Congreso valora y valida este acuerdo, que tiene un gran alcance en un municipio donde los indicadores de inseguridad son alarmantes”.
En la sesión ordinaria número 9, presidida por el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, el Pleno del Congreso ratificó las concesiones otorgadas por el Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 2016-2018, para el aprovechamiento o explotación de 39 locales comerciales y uno administrativo que se edificaran en el denominado mercado de la Diez, ubicado en la 10 avenida norte entre calle 6 norte y 6 norte bis, de la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por un periodo de diez años, en términos de lo dispuesto por el Artículo 167 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)