Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Mujeres que integran el Colectivo Marea Verde denunciaron ser objeto de agresiones y diversos actos de intimidación, a través de mensajes telefónicos y de sus cuentas de redes sociales, luego que entregaran al Congreso del Estado una propuesta de iniciativa de decreto para modificar la Constitución del estado de Quintana Roo y el Código Penal, que permita legalizar el aborto e interrumpir el embarazo dentro de las 12 semanas, y disminuir las penas impuestas después de esa fecha.
En conferencia de prensa, Yunitzilín Rodríguez Pedraz, Ariadne Song Anguas, Éricka López y Rosario Quezada Barrientos lamentaron el acoso y las agresiones cibernéticas del que son objeto -y en las que han hecho diversos calificativos-, tras su pronunciamiento a favor de despenalizar el aborto. Sons Anguas y Rodríguez Pedraza afirmaron que, a pesar de que el pasado 25 de septiembre se conmemoró como cada mes el día de la lucha contra la violencia de la mujer, ninguna institución gubernamental ni de defensa de los derechos humanos se ha pronunciado a su favor.
“Respetamos las manifestaciones de todos los ciudadanos, pero no es una cuestión de ideologías, sino del respeto a los derechos humanos”, enfatizaron. “No promovemos el aborto, sino estamos a favor de la vida de todas aquellas mujeres que han tenido que recurrir a este tipo de decisión.
Responsabilizaron a los diputados locales de relegar a las mujeres a un segundo plano y permitir las agresiones en contra de las integrantes del colectivo Marea Verde Quintana Roo por la ausencia de una ley que proteja a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas”.
“Nos han llamado putas, locas, que sólo queremos coger, en las redes sociales y ni los diputados ni la comisión de los derechos humanos ha intervenido para pronunciarse en contra de estos ciberataques”, reiteraron.
En su conferencia, explicaron que presentaron la iniciativa de decreto, por el que se reforma el artículo 13 que, actualmente al “proteger la vida desde el momento de la concepción” sirve como postura para limitar los derechos reproductivos de las mujeres y evitar el acceso al aborto legal y seguro; además de servir como obstáculo, para que sea equiparable a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula, acatando la definición internacional de persona, en un stricto sensu, referida al ser humano nacido como sujeto de derechos y obligaciones.
“Existe una diferencia esencial desde el punto de vista jurídico, entre el producto de la concepción y la persona que ha nacido viva y viable. De los tratados internacionales de derechos humanos, sus trabajos preparatorios y sus observaciones interpretativas, se advierte claramente que los sujetos de protección de dichos instrumentos son las personas nacidas, por lo que al mantenerse en el supuesto actual, en el Estado de Quintana Roo, donde se fija la protección desde el momento de la concepción, no sólo es contradictorio, sino limitante para los derechos exigibles para las mujeres quintanarroenses”, explicaron.
También se propone reformar el artículo 92 del Código Penal del estado, para otorgar la definición precisa en el término de lo que será el tipo penal del Aborto, detallando la temporalidad aceptada internacionalmente para la interrupción legal del embarazo y esclarecer que es parte de un proceso progresivo, dentro del cuerpo de la mujer. Dando oportunidad a la misma de decidir sin presiones la determinación de llevarlo a término.
Asimismo, se propone derogar el artículo 96 y reformar el artículo 93 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana, a fin de guardar coherencia en la despenalización del aborto con los parámetros internacionales de los que México es parte, como: la Declaración sobre la Violencia contra las Niñas, Mujeres y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos, emitida por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem do Pará, que recomienda como observancia obligatoria: eliminar de los ordenamientos jurídicos las leyes que perpetúan el ejercicio de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.
Se propone adicionar el Capítulo VI: de la Interrupción Legal del Embarazo, a la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de garantizar el acceso a la ILE, en calidad, eficiencia y rapidez, conforme a lo exigido internacionalmente. Cabe señalar que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en el preámbulo de su constitución que entiende a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo como ausencia de afecciones o enfermedades”. El derecho humano a la salud comprende libertades y derechos. Entre éstos se encuentra el control de la salud y del cuerpo, incluida la libertad sexual y reproductiva.
Afirmaron que los diputados y diputadas del Congreso de Quintana Roo, de no aprobar el decreto presentado, serán responsables políticos de las muertes de mujeres y personas con capacidad de gestar y deberán asumir el costo de pretender relegarnos a una ciudadanía de segunda, en la que sólo las ciudadanas de una entidad federativa del país pueden acceder al ILE, a pesar de ser un compromiso del estado mexicano, ante organismos internacionales, el regular el aborto para permitir la ILE hasta la décimo segunda semana. (Noticaribe)