YUCATÁN, MX.- Los ‘moches’, licitaciones amañadas y otras prácticas ilegales fueron recurrentes durante el Gobierno de Rolando Zapata Bello, coincidieron en señalar Carlos Ramírez Aguilar, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) en Yucatán y Alfonso González Fernández, presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE, por sus siglas en inglés), publicó La Jornada Maya.
Indicaron que lo denunciado en medios periodísticos sobre la utilización de empresas ‘fantasma’ para obtener ganancias ilícitas, es una pequeña muestra del grado de corrupción que se vivió en la entidad durante los seis años del actual régimen, y que abarcó además lo relacionado con la adquisición de servicios y de obras públicas.
“En este sexenio sí fue bastante recurrente, se crearon bastantes (empresas ‘fantasma’) y le hicieron bastante daño a nuestra industria, porque ya las obras venían asignadas para esas empresas. Cuando salían los concursos ya venían con nombre y apellido”, señaló Ramírez Aguilar
Estimó que la afectación alcanzó al 70 por ciento de los constructores de la entidad, quienes no se prestaron a participar en los actos de corrupción promovidos y solapados por el gobierno saliente.
“Pedían una gratificación de 15 o 20 por ciento, los famosos moches. Yo no soy partidario de esas cosas”, expresó el dirigente empresarial.
Por su parte, el titular del WCCE, González Fernández, respaldó lo expuesto por el titular de la AMIC en la entidad, al asegurar que, entre los prestadores de servicios del sector de la construcción, es un secreto a voces cómo de la noche a la mañana aparecieron las empresas que fueron las favoritas de Zapata Bello.
“Hay empresas que no están debidamente acreditadas y son de dudosa existencia, más que ‘fantasmas’. Es un secreto a voces para quienes estamos en el ámbito de la construcción, que esto ocurre”, indicó.
Señaló que el beneficio a empresas de dudosa existencia no sólo se dio en el sector Salud, pues existen evidencias de que tal situación también fue en otros rubros como la educación, por lo que consideró pertinente que el gobierno entrante revise a conciencia cómo se dieron los procesos de adjudicación de obras.
“Esto no es una cacería de brujas, sino un ejercicio de transparencia que deben tener todos los gobiernos que entran para saber qué es lo que reciben (…) y si hay irregularidades, castigar a los responsables”, indicó.
Señaló que desde la sociedad civil se impulsa la creación de un Observatorio Ciudadano en Infraestructura y Desarrollo, con la finalidad de vigilar que no se repita la práctica de los moches y otros actos de corrupción en los gobiernos subsecuentes. (Fuente: La Jornada Maya)
