YUCATÁN, MX.- El mandatario prisita Rolando Zapata Bello ―cuya administración concluye hoy― “deja una enorme deuda en materia de derechos humanos y, en particular, en materia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, según indica un reporte del equipo estatal Indignación, defensor de las garantías individuales y universales de las personas, publicó La Jornada.
En los recientes seis años, la gestión de Rolando Zapata acumuló alrededor de 250 denuncias por presuntos casos de tortura, aunque las autoridades ministeriales sólo convalidaron 15 denuncias, aunque de ninguna de éstas se dio mayor información; el resto, 235, fueron desechadas u archivadas en la “congeladora”, de acuerdo con reportes internos de la Fiscalía General del Estado.
Indignación, la organización más reconocida en defensa de los derechos humanos de la Península de Yucatán, deplora la persistencia de la tortura y el encubrimiento que significan seis años perdidos en el combate de este crimen “y esta administración, lejos de construir los mecanismos para erradicarlo y sancionarlo, ha propiciado que continúen y se arraiguen estas prácticas criminales perpetradas por distintos cuerpos policíacos de Yucatán”.
Destaca que el publicitado y costoso programa “Escudo Yucatán” (para extremar la vigilancia policiaca en la entidad) olvidó establecer los mecanismos para proteger a la ciudadanía de los abusos policíacos y del extremo criminal de estos abusos: la tortura.
Según el reporte de Indignación, la gestión de Zapata Bello (2012-2018) deja casos impunes como el de Roberth Tzab Ek, muerto en 2010 en condiciones que obligan a sospechar tortura, en el municipio de Tekax, al sur del Estado.
La investigación de la agrupación civil sostiene que en esta administración continuó cometiéndose tortura de manera sistemática y generalizada, mientras que el gobierno encubrió a los responsables y la fiscalía omitió investigar.
Otros casos son, por ejemplo, en agosto de 2013 una persona falleció en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mientras era torturada, de acuerdo con la recomendación 7/2014 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
Un entrevistado y testigo, que también fue golpeado en esa ocasión, incluso narra que escuchó los golpes, ruido de agua y escuchó cuando los policías dijeron: “ya se te felpó uno.” En la recomendación se puede leer: “luego mi entrevistado, al pasar unos 30 segundos, escuchó unos ruidos muy parecidos a la máquina que se usa para reanimar a las personas mediante electroshocks que escuchó que la usen en dos ocasiones y a la segunda escuchó que una persona vomitaba y otra decía: “Esta vomitando agua, hay que ingresarlo porque está vomitando mucha agua y no tiene pulso”.
A pesar del testimonio recogido, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) es tibia y temerosa. Reconoce que se violó el derecho a la vida, recomienda sanciones administrativas para los responsables y apenas menciona “la probable responsabilidad civil o penal”. La Codhey merece un capítulo aparte por contribuir al encubrimiento y la impunidad de este crimen.
De tal forma, Edwin Canché Pech, periodista del Diario de Yucatán, fue torturado el 1 de enero de 2014 por policías del municipio de Seyé y por el propio alcalde de ese municipio.
Otro testimonio es: “Me voy a morir. Después de lo que me hicieron los policías sé que no voy a vivir”, palabras de William Roberto Chan Cob a sus familiares que lo visitaron en la cárcel municipal del municipio de Temax, el 22 de mayo de 2016. Falleció horas después. El Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado determinó parasitosis. En realidad, fue brutalmente golpeado.
Siempre en 2016, se hicieron públicos otros casos de tortura como el de José Adrián, adolescente torturado por policías de la comunidad de Chemax y la tortura cometida en contra de otro adolescente en el pueblo de Conkal por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal.
Ese fatídico año de 2016, Indignación sostiene en su reporte “no poder evitar pensar en tortura cuando los medios de comunicación divulgaron el fallecimiento de una persona en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, el 27 de mayo, por “infarto agudo al miocardio” y, de igual forma, cuando se reportó el fallecimiento de otro detenido en diciembre y se determinó infarto.
Indignación escuchó el testimonio de una persona que, en octubre de 2017, fue sacada de su hogar por policías estatales y secuestrada. Con los ojos vendados fue trasladada a un cuarto en el que le estuvieron golpeando y dando toques eléctricos durante horas y abandonado después a la orilla de una carretera. Esta persona interpuso la denuncia penal correspondiente, así como la queja ante la Codhey y, a pesar de eso, el caso continúa impune.
En febrero de 2018, una persona del municipio de Tunkás, detenida junto con otras dos más que denunciaron tortura, estuvo desaparecida. El sigilo alrededor del caso, la aparición días después de la persona detenida y desaparecida, la sospecha y la denuncia de tortura y el reciente retiro de dicha denuncia, en mayo pasado, es una alerta de la presión a la que podrían estar siendo sometidas víctimas de tortura para retirar sus denuncias y garantizar encubrimiento e impunidad, lo que por supuesto tiene un impacto brutal en las personas agraviadas y en la persistencia del crimen.
En mayo de 2018, José Nery falleció en la cárcel de la comunidad maya de Teabo, después de ser detenida por policías municipales. A pesar de los testimonios de quienes escucharon que lo golpearan y de quienes escucharon a los policías decir “ya se te pasó la mano”, las autoridades han insistido en determinar suicidio.
“Que una persona fallezca en un centro de detención obliga a sospechar e investigar tortura”, tal como se deriva del Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, publicado con motivo de su visita a México en el año 2008, cita el grupo Indignación.
El gobierno del estado ha omitido establecer un protocolo para investigar o descartar tortura siempre que una persona fallezca en un centro de detención, afirma Indignación.
El único caso de Tortura que ha sido llevado a juicio en Yucatán ha sido el que se filmó y divulgó en mayo de 2016 en la comunidad de Tekax. Sin embargo, el policía que exhibió el caso al grabarlo y difundirlo fue, a su vez, torturado y ese crimen, como todos los demás, continúa impune, concluye Indignación su informe sexenal. (Fuente: La Jornada)