YUCATÁN, MX.- El 6 de junio de 2016, la Secretaría de Salud de Yucatán realizó una transferencia bancaria de 808 mil 893 pesos a la empresa Inveryuc, S.A. de C.V., por concepto de pago de un “estudio de prevención y control del consumo de combustible del parque vehicular de los Servicios de Salud de Yucatán”, publicó Diario de Yucatán.
El contenido de dicho estudio es, sin embargo, apenas una enumeración de conceptos que incluyen una reseña histórica de los Servicios de Salud y menciones a la misión y visión de la dependencia, sus objetivos y valores.
También se detalla el tamaño del parque vehicular del cliente y, casi al final, un “análisis del consumo del combustible” y una serie de “recomendaciones” que apuntan a “la implementación de un sistema de gestión de combustible” para obtener un ahorro, pero advierte que la base para esto es necesario “el preciso conocimiento de combustible que necesita cada vehículo”. Y no deja de aconsejar “la renovación del parque vehicular” porque las unidades de más de diez años son las que “pueden presentar mayores fallas y mayor consumo de combustible”.
Se trata, como admite tácitamente la empresa en la bibliografía del documento, de un trabajo de “copiar y pegar”, con fuentes como el Consejo Estatal de Planeación de Yucatán, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los Servicios de Salud de Yucatán, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y hasta el buscador de internet Google Earth para la consulta de mapas. En realidad no hay recomendaciones aplicables al servicio contratado.
Este caso ilustra la forma en que se operaron los pagos millonarios de la Secretaría de Salud de Yucatán a un grupo de empresas en el último trienio de la administración de Rolando Zapata Bello, aunque, las transacciones irregulares se extendieron a prácticamente todas las dependencias estatales.
Investigaciones periodísticas revelan que revelan que otros “servicios” contratados en el sector salud rebasan los diez millones de pesos, que dejan muy atrás los pagos de poco más de un millón que se hicieron en 2015 por una serie de supuestos estudios e investigaciones sobre enfermedades, algunas inexistentes en Yucatán.
Otro casos son los de Flager y GN Global, ambas oficinas de consultoría, que comparten domicilio fiscal en la calle 13 número 373-B entre 4 y 6 de la colonia Díaz Ordaz. La primera cobró 1 millón 150 mil 720 pesos por un estudio sobre “panorama actual de la lepra, determinándose períodos en los cuales se presenta más en la entidad, lugares más expuestos por la población y sugerencias para abatir o disminuir esta enfermedad”.
La lepra es una enfermedad de baja incidencia en Yucatán. Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud, en 2016 se notificaron dos casos, en 2017 fueron cuatro y en lo que va de 2018 solo hay tres reportes. Sin embargo, este padecimiento fue suficiente para que la dependencia —que a lo largo del sexenio estuvo a cargo de Jorge Mendoza Mézquita— pagara por un estudio para saber en qué períodos se presenta más en la entidad y para conocer “sugerencias para abatir o disminuir esta enfermedad”.
En las facturas se puede constatar que GN Global recibió 1 millón 151 mil 880 pesos por un “estudio sobre la fisiopatogenia y tratamiento de la psoriasis para determinar las causas que lo generan, métodos para su combate y medidas de prevención que pueda aplicar el gobierno”.
La psoriasis es una afección de la piel. Por su escasa incidencia, no hay estadísticas de este mal en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
CMC del Golfo, S.A. de C.V., una comercializadora que también tiene como objeto social “la inversión en Bolsa de Valores tanto nacional como extranjeras”, hizo en teoría un estudio “de las variantes de la tinea”, las causas que la generan y en qué sectores está más expuesta la población. A cambio recibió 1 millón 191 mil 320 pesos. La tinea es una infección superficial de la piel causada por hongos.
Esta empresa fue creada en 2012, con Margarita Tun Canul y Carlos Manuel Castillo Novelo como sus accionistas, de acuerdo con el Registro Público de Comercio. Ambos reportan el mismo domicilio, en la calle 37 número 277 de la Unidad Revolución Cordemex. Además, Margarita Tun aparece como accionista de Flager y de GN Global.
En otras sociedades mercantiles hay también accionistas que se “cruzan” y dejan al descubierto la red para retirar dinero público con contrataciones simuladas. (Fuente: Diario de Yucatán)