CANCÚN, MX.- En la Segunda Entrega del análisis de la Cuenta Pública 2017, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Cámara de Diputados, el auditor superior, David Rogelio Colmenares Páramo, explicó que “los resultados del proceso electoral de 2018 dejaron en claro… la demanda de un cambio que se sustenta, principalmente, en el descontento e inconformidad de la ciudadanía respecto al desempeño del sector público”.
Ante legisladores, el Auditor dijo que con estas auditorías se buscan “las medidas de control adecuadas para reducir la ocurrencia de actos fuera de la norma”, con ello, cada peso que se tramite por los estados ante la federación deberá ser usado para la obra o acción social que se solicitó y no exista un subejercicio como en años anteriores.
En ese informe, entregado en días pasados a los legisladores y disponible en la página de la ASF a partir del 2 de noviembre pasado, a la entidad federativa de Quintana Roo, la Auditoría Superior de la Federación le realizó 23 análisis y se fiscalizaron 107 acciones; de estas, al Gobierno del Estado le correspondieron 12 auditorías y 68 acciones.
El resultado fue la falta de comprobación de un monto de 31 millones de pesos provenientes de fondos y programas Federales, más 15 mil 656 millones de pesos de los municipios que fueron asignados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el ejercicio fiscal 2017.
La ASF descubrió que de los 559 millones de pesos transferidos a Quintana Roo a través de tres programas federales: “Proagua 2017”, “El Fondo de Proyecto de Desarrollo Regional” y “El Fondo Metropolitano”, hubo un faltante de 20 millones 173 mil 718 pesos. De esta cantidad, 4 millones 886 mil pesos corresponden a recursos públicos traspasados a cuentas de terceros no identificados; pago de un millón 780 mil pesos sin comprobantes documentales para corroborar el gasto y un faltante de 4 millones 700 mil pesos al observarse daños en una obra.
También se detectó que, de esos tres programas federales citados, 9 millones 930 mil pesos no fueron gastados por el gobierno de Quintana Roo, pero únicamente un millón 44 mil pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
La dependencia Federal señaló faltas administrativas en ocho municipios del estado que fueron auditados, principalmente en la falta de un sistema de control para hacer eficientes los recursos.
LAS OBSERVACIONES A QUINTANA ROO
De acuerdo al informe, la ASF realizó nueve acciones e igual número de observaciones, las cuales consisten en:
1.- Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, con la clave: 2017-B-23000-15-1262-08-001; donde la Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión realizaron la transferencia de los recursos del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diésel, del ISAN, y del Impuesto sobre la Renta fuera del plazo establecido por la normativa; la auditoría es la número 1262.
2.- Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, con clave 2017-B-23000-15-1275-08-002. Aquí la ASF emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no presentaron evidencia del finiquitos de obra, el acta entrega-recepción, la fianza de vicios ocultos y no utilizaron la bitácora electrónica del contrato número LP-IFEQROO-GURCEDIC-
3.- En la clave 2017-B-23000-15-1275-08-003, la ASF emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no presentaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los reportes trimestrales correspondientes a los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero de los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2017; tampoco publicaron en su medio local oficial de difusión y en su página de internet el cuarto trimestre del formato Gestión de Proyectos. Auditoría número 1275.
4.- En la clave 2017-B-23000-15-1262-08-002, la ASF emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión aplicaron retenciones a los municipios, por la aplicación errónea de la fórmula de distribución de los recursos de las participaciones federales, que debieron pagarse con recursos propios de la entidad federativa. Auditoría número 1262.
5.- Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, con clave 2017-B-23000-15-1275-08-001, la ASF emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no registraron contable y presupuestalmente los recursos del Programa Escuelas al CIEN del ejercicio fiscal 2017, en inobservancia de los Lineamientos para el registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las operaciones derivadas del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al CIEN), en los cuales menciona que los recursos deberán ser registrados en las cuentas contables 1.1.1.6 “Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración” y 2.1.6.2 “Fondos en Administración a Corto Plazo”. Auditoría 1275.
6.- La Recomendación con clave 2017-A-23000-15-1262-01-001
7.- Recomendación 2017-A-23000-15-1262-01-002, “Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo implemente mecanismos de control y supervisión a fin de que, en lo subsecuente, el envío de los correos electrónicos a la UCEF con el desglose mensual de las participaciones federales, se realice conforme a los plazos establecidos en la normativa.” Auditoría 1262.
8.- Recomendación 2017-A-23000-15-1275-01-001, para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo elabore un programa de ejecución de los recursos pendientes de aplicar del Programa Escuelas al CIEN disponibles a la fecha de la auditoría, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el ejercicio de los recursos en los objetivos del programa; asimismo, informe de manera trimestral, a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo, sobre los avances en la aplicación de dichos recursos. Auditoría 1275.
9.- Recomendación 2017-A-23000-15-1262-01-003, “Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo publique en el Periódico Oficial de la entidad, un Manual de Procedimientos, lineamientos o documento similar, que de manera específica describa los procesos de cálculo, distribución, liquidación y aplicación de deducciones de las participaciones federales a los municipios, en el que se identifiquen actividades, responsables, flujos de información, resguardo documental del proceso y mecanismos de control y supervisión.” Auditoría 1262.
LA ASF SIN SESGO POLÍTICO
El pasado miércoles 31 de octubre, el auditor Superior de la Federación, David Colmenares, entregó el segundo pliego de informes individualizados de la Cuenta Pública 2017 a la Cámara de Diputados, en donde informó que de marzo a la fecha, la ASF ha presentado 53 denuncias penales por posibles daños a la hacienda pública federal, entre ellas, siete promovidas en octubre, relacionadas con contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que equivalen a un monto de mil 900 millones de pesos, operación conocida como la “Estafa Maestra”.
Ahí Colmenares Páramo les dijo a los diputados que “los resultados del proceso de fortalecimiento institucional de la ASF, que emprendimos a partir del mes de marzo, se reflejarán, de manera más clara, en el análisis global de la fiscalización sobre la Cuenta Pública 2017 que finaliza con la tercera entrega de informes individuales y del Informe General Ejecutivo, en febrero de 2019”.
Se dijo consciente que el trabajo que realiza la ASF será la columna vertebral del Sistema Nacional Anticorrupción; “nuestros resultados se convertirán en la pieza clave para dar pie a una etapa renovada en las labores del Congreso mexicano respecto a la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos”.