CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A 15 días de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto y tras el anuncio de la creación de la Guardia Nacional por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley de Seguridad Interior criticada por perpetuar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, publicó El Heraldo de México.
Bastaron tres sesiones para que el Pleno del máximo tribunal del país declarara inconstitucional esta ley por pretender normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Nueve ministros votaron en contra del proyecto de sentencia elaborado por Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien defendió su decisión de validar la norma al negar que ésta permita a las Fuerzas Armadas prestar funciones rutinarias de seguridad pública.
“En mi opinión, la Ley de Seguridad Interior no está regulando a la seguridad pública, estaba empoderando a las Fuerzas Armadas para que realicen esas funciones en sustitución de las autoridades civiles”, enfatizó.
La invalidez de esta ley ya era casi un hecho cuando Fernando Franco González Salas tomó la palabra, pues fue el séptimo ministro en pronunciarse en ese sentido.
“La disposición por el presidente de la República, de las Fuerzas Armadas permanentes, como lo señala la Constitución, es un acto de autoridad que incide de manera directa en los derechos humanos, por lo que deberá estar debidamente fundado y motivado su acto ciñéndose a las directrices que establecen las demás disposiciones de la Constitución federal”, destacó.
Debido a que no se llevó a cabo la consulta a población indígena para este tema, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra del proyecto de Pardo Rebolledo que contemplaba avalar la ley.
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, dijo que la criminalidad ha generado que las Fuerzas Armadas coadyuven con las autoridades civiles, pero esta situación no debe normalizarse: “Debería emitirse una nueva norma completa, integral, estructurada que sea congruente y que dé certeza jurídica”, dijo.
De esta forma, la Corte dio por terminada la revisión de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados federales, senadores, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Partido Político Movimiento Ciudadano, en contra de esta ley.
Esta resolución fue celebrada por integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra, quienes al concluir la discusión señalaron su preocupación por el anuncio realizado por el Presidente electo de una estrategia de seguridad basada en una Guardia Nacional militarizada.
“Es un anuncio que nos preocupa, que incumple las promesas de campaña y así como la Ley de Seguridad Interior resultó un fraude a la Constitución, esa propuesta es un fraude a la sociedad que confió en la elección de julio, que se podía adoptar una política pública de seguridad diferente y una seguridad sin guerra”, señaló Santiago Aguirre, integrante de este colectivo.
Confió en que, si se vuelve a aprobar una legislación que profundice la militarización del país, la SCJN sea contrapeso como ocurrió con la Ley de Seguridad Interior. (Fuente: El Heraldo de México)