Por Saraí Santillán
PLAYA DEL CARMEN, MX.- La Asamblea Social del Agua en Solidaridad, buscará reunir firmas para que se apruebe la iniciativa de Ley General de Aguas Nacionales que propone que sean los ciudadanos y no las empresas, los que decidan y democraticen qué se tiene que hacer con este recurso natural.
Enrique Burton, coordinador general de esta asociación señaló al respecto que tras una propuesta de la Conagua que beneficia a particulares, asociaciones civiles presentaron otra que permitiría continuar con el derecho a gozar del líquido vital como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 115.
“En el congreso ya hay dos iniciativas: una por parte de Conagua que básicamente impulsa más la privatización del agua a nivel nacional, aguas subterráneas y superficiales y lo estamos viendo, las mineras, las cerveceras despojan a las comunidades del agua y en centros urbanos como en nuestro caso (el municipio de Solidaridad), pues privatizan los servicios, lo cual es dañino, no funciona y era innecesario desde el principio. Adicionalmente hay una iniciativa ciudadana agregada que lo que propone es democratizar el manejo del agua y que sean las comunidades, los ciudadanos los que decidan qué se tiene que hacer con el agua y eso sea el referente principal para que las autoridades actúen”, dijo.
El activista indicó que con las nuevas disposiciones del gobierno federal y municipal, pretenden que la concesión del agua en Solidaridad, otorgada a la empresa Aguakan, sea revocada y la administración y el derecho al recurso sea público como en otros municipios del estado.
Por lo que agregó que “una ley que a nivel nacional prohibiera la privatización del agua sería un gran impulso a esta lucha que estamos desde la ciudadanía desde hace 4 años para que esta concesión no se diera, pero aunque se dio, nos hemos mantenido para que se cancele”.
Asimismo, informó que la iniciativa busca la aprobación de la Cámara de Diputados para que se renueve y modifique la Ley General de Aguas Nacionales que desde 1992 no ha tenido reformas y que permite la privatización a través de las concesiones, por lo que cualquier ciudadano que quiera participar con su firma, de acuerdo a la ley, se piden los datos de la credencial de elector porque es lo que demuestra fehacientemente que hay ciudadanos respaldando la iniciativa. (Noticaribe)