JALISCO, MX.- El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reclamó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por pretender vulnerar “el pacto federal y el orden constitucional” al imponer, por medio del mayoriteo en el Congreso de la Unión, un presupuesto para Jalisco que no alcanzaría para obras prioritarias, publicó Proceso.
Frente a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y acompañado por diferentes actores sociales, políticos y económicos de la entidad, Enrique Alfaro apuntó que, “lamentablemente, señor Presidente electo (…) ninguno de los proyectos prioritarios que planteamos parecen estar incluidos en la propuesta de presupuesto que será presentada a la Cámara de Diputados en los próximos días, así nos lo han confirmado todos los futuros funcionarios del próximo gobierno responsables de la construcción del proyecto presupuestal”.
Prosiguió: “Tampoco vemos reflejados, (…) los proyectos que, atendiendo a sus sugerencias, priorizamos a partir de la lógica de concluir obras ya iniciadas y con registro en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda, mucho menos hemos encontrado alguna de las distintas propuestas que los municipios de Jalisco, independientemente de su filiación política, han presentado por distintas vías, sabiendo que muy pocos municipios de este país tienen lo indispensable para cumplir con sus responsabilidades constitucionales, incluso se nos ha informado de la pretensión de modificar las reglas para centralizar aún más la operación del conocido ramo 23”.
Enrique Alfaro precisó que su reclamo de apoyo de recursos no es para “obras de lucimiento personal, no estamos pidiendo dádivas ni recursos para uso discrecional. Tampoco estamos solicitando que se nos de lo que por ley nos corresponde en términos de aportaciones y participaciones federales”.
“Lo que estamos exigiendo es que la Federación asuma su corresponsabilidad en la solución de los problemas urgentes como el abasto de agua, los retos de movilidad, de acceso a la salud y a educación de calidad, de sustentabilidad ambiental, de construcción de infraestructura para que Jalisco mantenga su liderazgo como una economía pujante”.
Enrique Alfaro, quien asumirá su cargo el 6 de diciembre, volvió a reclamar que en el nuevo modelo de organización del gobierno federal se contemple una figura “paralela a la autoridad constitucional”, conocida como “superdelegado”, que asumiría decisiones en materia de seguridad pública, lo cual condenaría “al fracaso de la agenda de coordinación entre órdenes de gobierno”.
Incluso recordó que, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) del pasado 27 de agosto, se pactó que los superdelegados “no asumirían función alguna en materia de seguridad pública, mientras el Plan Nacional de Seguridad recién presentado y las acciones del Congreso, van en sentido completamente inverso”.
A la vez reclamó que no sean invitados a la mesa de seguridad, cuando las autoridades estatales y municipales son “las responsables de la seguridad de nuestro estado por mandato constitucional”.
“No vamos a permitir que se vulnere nuestra soberanía ni mucho menos que se traicione el pacto federal, hacerlo sería tanto como resignarnos a una realidad que pareciera y tomando forma de controles desde el centro del país sobre el destino político, financiero administrativo y de la seguridad de nuestro estado”.
Otro punto en el Alfaro se distanció de López Obrador es el relativo a su política de “perdón y olvido a los corruptos”. “Este es un estado en donde los ciudadanos tienen sed de justicia, en donde sabemos el costo que tiene la impunidad (…) En Jalisco vamos a castigar a los corruptos con o sin el aval del Gobierno Federal, en Jalisco los corruptos irán a la cárcel, no de vacaciones”.
En su discurso de casi 14 minutos, Enrique Alfaro también precisó que no se trata de un “acto de rebeldía o de insurrección, es un acto de congruencia y de responsabilidad al que esperamos se sumen muchos más estados del país; si no somos capaces de Levantar la voz hoy, el riesgo de que las voces de las regiones, estados y municipios de este país sean borradas para siempre es enorme”. (Fuente: Proceso)