TABASCO, MX.- Los servicios de salud en la entidad colapsaron este miércoles por el paro de “brazos caídos” en el que participan médicos y enfermeras, quienes exigen al gobierno insumos y medicinas para poder laborar; además, integrantes del sector educativo bloquearon calles para reclamar el pago de salarios, publicó Proceso.
A menos de un mes de que el gobernador Arturo Núñez Jiménez deje el cargo, arreció la crisis hospitalaria y educativa en Tabasco. Incluso la Sociedad Médica del Hospital Gustavo Rovirosa ha pedido cárcel contra el mandatario por el “desastre” en el sector salud.
Desde hace dos semanas, la Sociedad Médica denunció las graves carencias en los principales hospitales e hizo un llamado a la sociedad tabasqueña para donar insumos y medicinas porque se carece “hasta de curitas”.
Desde entonces, la sociedad civil y empresarios se han solidarizado y llevan a los hospitales cajas de medicinas e insumos, donde la comunidad médica los recibe, selecciona y distribuye al margen del gobierno.
Hoy, en los hospitales Juan Graham, Gustavo Rovirosa y de La Mujer, médicos, enfermeras y trabajadores administrativos iniciaron huelga de “brazos caídos”, también por la falta de pagos.
Y otro grupo de trabajadores se manifestó frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud para exigir sus pagos.
De acuerdo con el doctor Guillermo Morelos, presidente de la Sociedad Médica del Hospital Gustavo Rovirosa, se requieren por lo menos 700 millones de pesos para “rescatar” ese nosocomio de alta especialidad, de un presupuesto anual de aproximadamente mil 900 millones.
“El problema es que se ha triangulado el recurso y no llega (al hospital Rovirosa). Se debe ejercer acción penal contra el gobernador directamente y el secretario de Salud (Rommel Cerna), porque están vulnerando el derecho humano a la salud”, demandó.
Acompañado de especialistas de los hospitales Juan Graham y de La Mujer, denunció que “es de vergüenza” que no haya luz, gasas, lo mínimo en los hospitales.
“Un botiquín de una casa puede estar más surtido que un hospital. Están vulnerando la salud”, denunció, y recordó que desde el primer año y medio del gobierno de Arturo Núñez empezaron a multiplicarse las deficiencias en el sector salud, sobre todo la falta de medicamentos e insumos.
Incluso, dijo, hubo subejercicios “porque no supieron administrar los recursos”, pese que en el último año del gobierno priista de Andrés Granier (2012) el sector salud también se colapsó.
El doctor Juan Miguel Chávez, vicepresidente de la Sociedad Médica, lamentó que se haya incrementado el índice de mortandad de pacientes “porque no les brindamos lo que necesitan”.
“Si vemos las estadísticas, sí incrementó nuestra mortalidad comparado con lo que hemos tenido anteriormente. También ha aumentado la estancia hospitalaria”, manifestó.
Por ello, abundó, promueven una Contraloría Ciudadana, para vigilar que haya transparencia en el manejo de los recursos para los hospitales, así como una consulta “para que se vote si se debe o no ejercer acción penal contra el gobernador del estado”.
Por segundo día consecutivo, más de 300 maestros de Telesecundaria bloquearon la avenida Gregorio Méndez, frente a la Secretaría de Educación (Setab), en demanda de la liquidación de un bono pendiente, así como garantías del pago de las dos quincenas de diciembre y aguinaldo.
Informaron que tan sólo el adeudo del bono asciende a aproximadamente 40 millones de pesos para cuatro mil maestros.
Manifestaron que funcionarios de la Setab les dijeron que se les pagará entre el viernes y el sábado próximo, pero si no cumplen, a partir del lunes 10 realizarán paro general de labores, advirtieron.
Por su lado, empleados de confianza del Instituto de Formación para el Trabajo (Ifortab) bloquearon la céntrica vía Paseo Tabasco, para exigir al gobierno estatal el pago de prestaciones que se les adeuda desde junio pasado.
Además, cerraron siete escuelas de manera permanente, afectando a tres mil 500 estudiantes en todo el estado.
El capacitador José de la Cruz Gallegos informó que los trabajadores afectados tienen entre cuatro y 10 años laborando en la institución. (Fuente: Proceso)