CANCÚN, MX.- La violencia hacia la mujer en Quintana Roo había permanecido prácticamente oculta por los sucesivos gobiernos hasta que en 2017 hubo cambios sustanciales no sólo para condenar más severamente a los agresores, sino para atender, proteger y refugiar a las víctimas cuando acuden a presentar su denuncia o desde el momento en que algún servidor público detecta que alguna paciente o usuaria enfrenta algún tipo de violencia.
La cifra negra de delitos -no denunciados- contra la mujer había crecido antes de ese año por la cerrazón de gobiernos anteriores para reconocer que el feminicidio existía en Quintana Roo, no obstante que se encontraba tipificado como delito desde junio de 2013 en el Código Penal del estado.
Así lo mantuvieron como “letra muerta” hasta que en marzo de 2017 se dio la primera sentencia, histórica, por feminicidio en la entidad cuando la Fiscalía General reunió las pruebas y testimonios para imputar este delito al expolicía estatal Ramón Fernando Caamal Hernández, quien ultimó de 12 balazos a su exesposa A.M.H.
Un mes después, en abril de 2017, se creó por decreto en Quintana Roo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, con el fin de que las víctimas de violencia tuvieran acceso a la justicia en un estado donde los sucesivos gobiernos habían desatendido siempre esta responsabilidad.
Ahora, a más de un año de su conformación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer ha logrado 255 años de sentencia condenatoria contra seis hombres que ya fueron procesados en la entidad por feminicidio.
Este avance en la procuración de justicia hacia la mujer significa, entre otras cosas, que los agresores y asesinos cumplirán condenas más severas que las establecidas para un homicidio.
Según el artículo 86 del Código Penal del estado “al que prive de la vida a otro se le impondrá de diez a veinticinco años de prisión”, mientras que “al que comete delito de feminicidio, el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género, se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años”; esto último conforme al artículo 89-Bis que había permanecido como “letra muerta” hasta el juicio del expolicía estatal Ramón Fernando Caamal Hernández, quien fue condenado a 43 años de prisión.
En esa estadística se incluye también a Ricardo Flores Sánchez, quien a mediados de 2018 fue sentenciado por un juez oral de Benito Juárez a 50 años de prisión por resultar culpable de feminicidio en contra de una mujer de identidad reservada. Esta es la sentencia más alta que se ha aplicado en Quintana Roo por el mencionado delito, por el cual, junto con Ricardo Flores, su cómplice María Calderón Quesada fue condenada a 37 años de prisión. La carpeta de juicio por este caso fue la 21/2018.
En este año la Fiscalía de la Mujer ha atendido a 12,000 mujeres que acudieron para obtener justicia en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Isla Mujeres y José María Morelos. En ese mismo lapso inició más de cinco mil carpetas de investigación; vinculó a 130 presuntos delincuentes; obtuvo en los juzgados 100 órdenes de aprehensión; logró sentenciar a 80 imputados y dictó, por protocolo, más de cuatro mil medidas de protección para las víctimas de violencia.
Asimismo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas superó sus cifras este año en comparación con el anterior, pasando de mil 145 víctimas atendidas en 2017 a dos mil 133 casos en 2018, de los cuales el 70% son víctimas de violencia para las que se han solicitado órdenes de protección en conjunto con la Fiscalía General del estado.
La misma Comisión Ejecutiva ha capacitado a mil 100 policías de 6 municipios del estado en los diferentes protocolos de actuación, como son las órdenes de protección, atención jurídica, médica y psicológica.
La violencia familiar y de género no sólo es atendida en Quintana Roo por las autoridades ministeriales; también por los servicios de salud. La Secretaría de Salud estatal capacita y sensibiliza cada año al personal de los hospitales y centros de salud del estado, con el fin de que puedan detectar si la paciente o usuaria vive algún tipo de violencia y atenderla adecuadamente siguiendo los protocolos señalados en la NOM-046.
En el 2017 se capacitaron a 155 personas entre el personal de hospitales y centros de salud, y hasta noviembre de este año se han capacitado a 184 en los hospitales General de Chetumal, Materno Infantil “Morelos”, Integral de Bacalar, Naval de Chetumal, IMSS, ISSSTE, Centros de Salud Urbanos y Rurales adscritos a las Jurisdicciones Sanitarias 1, 2, 3, Hospital General de Cozumel, Hospital General de Playa del Carmen y Hospital General Jesús Kumate.
El personal capacitado del sector salud detectó este año a 4,171 mujeres en riesgo de violencia y las refirió a los módulos especializados donde fueron atendidas por psicólogos. En el 2017 se atendieron a 2,450 mujeres y en el período de enero a octubre de 2018 se han atendido a 3,000 mujeres víctimas de violencia en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez, superando la meta en un 122%.
Asimismo el DIF Quintana Roo, a través del Centro de Atención a Víctimas de Violencia, da atención jurídica, psicológica y de trabajo social a las víctimas. En 2017 se proporcionaron tres mil 455 servicios. Se atendieron 532 casos de violencia física, 676 de violencia psicológica, 108 de índole sexual, 349 económica y 254 patrimonial. En 2018 se han proporcionado mil 949 servicios. Casos de violencia física 463, psicológica 634, sexual 62, económica 335 y patrimonial 134.
Para apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia dentro de las propias instituciones gubernamentales, este año a través del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional se dio de baja a cuatro funcionarios públicos que fueron denunciados por acoso laboral y acoso sexual en dependencias estatales. (Noticaribe)