CIUDAD DE MÉXICO.- Documentos internos de la Secretaría de Gobernación y del Poder Judicial de la Federación muestran cómo en los últimos ocho años la liberación y traslado a penales de mediana seguridad
de acusados de delitos graves se ha incrementado, pero en los últimos tres se acentuó
 y suman alrededor de 60 mil amparos concedidos, reveló una investigación del portal Eje Central de Raymundo Riva Palacio.

Personas acusadas o sentenciadas por crimen organizado, narcotráfico, secuestro, huachicoleo, lavado de dinero, portación de armas y hasta traficantes de personas encontraron la ruta de impunidad. Un total de 60 mil juicios de amparo los beneficiaron al impedir su traslado a penales de máxima seguridad o conseguir su transferencia a centros de reclusión de menor seguridad, en donde continuaron operando o hasta consiguieron su libertad.

›Documentos de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación y del Poder Judicial de la Federación, la mayoría obtenidos en los últimos tres años por ejecentral, a través de solicitudes de transparencia, muestran que desde 2014 se encendieron los focos rojos al interior del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, porque jueces radicados en Tamaulipas, estado de México y Jalisco, especialmente, comenzaron a otorgar suspensiones provisionales, definitivas o amparos de fondo, a presos con un perfil “criminológico alto”.

Desde 2011 a 2016 se contabilizaron 500. Después el crecimiento fue exponencial, a tal punto, que en la mitad de 2016 ya había superado en un 147% los traslados de todo el 2011.

Este periódico consultó distintas fuentes y revisó más de una decena de audiencias y documentos de expedientes con fallos de distintos jueces del país, que fue muy difícil conseguir, ante la limitada transparencia que existe en el órgano encargado de los penales federales y desde el Poder Judicial de la Federación, y en los que se concedió la libertad o se impidió el traslado a penales de máxima seguridad o por el contrario fueron enviados a centros estatales. En ellos se muestra la desarticulación entre los fiscales y los responsables de los presos federales desde la Secretaría de Gobernación, la falta de preparación y el extremo de los jueces en ser garantistas, por lo que se requiere, señalaron las fuentes, de un cambio en el andamiaje del Poder Judicial.

Por ejemplo, en agosto pasado José Alberto “N”, identificado como líder de la organización criminal La Unión de Tepito, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Villa Aldama, Veracruz, por lo que sus abogados impugnaron esa autorización y exigieron su regreso al Reclusorio Oriente.

En el expediente se documenta el riesgo que representaba su estancia en el centro de la Ciudad de México, y el, índice clínico criminológico lo consideraba de alto perfil criminal. A pesar de ello, y ante la falta de preparación de la audiencia por parte de la fiscalía, el juez federal Gregorio Salazar Hernández ordenó su regreso al centro local.

“Si ustedes los saben a mi no me lo externaron, no lo externaron aquí en audiencia para que hubiera un debate correspondiente (…) En ese sentido yo no tengo base objetiva para poder avalar la legalidad del traslado. Se declara ilegal el traslado de las personas de nombre de José Alberto (“N”)… y José (“N”)”, fue la sentencia del juez Salazar Hernández.

›Apenas esta semana, el juez Segundo de Distrito en Cancún otorgó un amparo, bajo la toca 1306/2017, a Jean Succar Kuri, sentenciado por pornografía infantil y corrupción de menores, quien se encuentra preso en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, estado de México. A pesar de que el juez de su caso se negó a enviarlo a la cárcel municipal de Cancún, Quintana Roo, por su edad y estado de salud, en el amparo se plantea que sí se justifica el traslado, el cual aún no se ha ejecutado.

Otro caso ocurrió a principios de este año, cuando una juez que reprobó el examen para ejercer como tal, otorgó la libertad a un capo del narcotráfico porque “ya no se podían aceptar más pruebas”.

Ante el cúmulo de amparos que se resolvían y que en varias ocasiones han significado el pago de multas a los responsables de los penales federales, por no acatar las resoluciones de los tribunales, y que de acuerdo a un reporte interno, en el último semestre rondan el millón de pesos, de acuerdo a fuentes consultadas por este periódico, se decidió el 21 de enero de 2016, la Segob y la PGR firmar un convenio con la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y el Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con el objetivo de legalizar los traslados a penales federales, firmando como testigo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar. Sin embargo, ha sido letra muerta.

De los 60 mil amparos emitidos por distintos juzgados y tribunales en el país, algunos de ellos se tratan de suspensiones provisionales o definitivas, en otros casos de amparos para efectos o de fondo, sin que los documentos revisados por este periódico establezcan cuántos acusados fueron beneficiados.

Se abre la caja de Pandora

La evidencia de que conceder amparos para beneficiar el traslado de reos de prisiones federales a cárceles locales no sólo es una decisión judicial cuestionable por el otorgar beneficios a quienes cumplen una deuda con la sociedad tras haber cometido delitos graves, también lo es la posibilidad de que dichos reacomodos abonan en conflictos graves como los suscitados el sexenio pasado. Por ejemplo, el violento motín causado por el choque de dos grupos de internos en el penal de Topo Chico en Monterrey, Nuevo León que el 10 de febrero de 2016 dejó un saldo de 49 muertos y más de una decena de heridos.

Este comportamiento en los juzgadores de todo el país, que bien podría entenderse como una suerte de modus operandi, tuvo su auge en el periodo de transición del gobierno de Felipe Calderón al que entonces encabezaría Enrique Peña Nieto. Es decir, desde 2011 la concesión de amparos para procurar dichos traslados se incrementó al punto de que estos superaron en casi un 500%, al pasar de los 19 traslados en ese año a los 112 en 2015.

Las determinaciones de los juzgadores evidenciaron que estos amparos concedieron, tan sólo en el periodo de 2011 al primer semestre de 2016, a 370 reos, 73.5% de los cuales ya contaban con sentencia y condenas que incluso superan el siglo de cárcel por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, narcotráfico, homicidio, robo, secuestro y extorsión, por lo que fueron reubicados de prisiones federales de alta y mediana seguridad a cárceles locales con índices reducidos de seguridad, como son los penales regiomontanos de Topo Chico y Apodaca o el caso del Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, en Tamaulipas.

Así lo advierte la respuesta que este semanario obtuvo tras la resolución del Comité de Información del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), ante la petición de información con número de folio 3670000024616, respecto a la cantidad de presos que fueron trasladados de penales federales a estatales mediante amparos de 2011 a 2015, en la que se solicitaba la especificidad de fechas de traslado, número de causa, juez que lo otorgó, si se trataban de internos procesados o sentenciados y por cuáles delitos.

Al respecto, la autoridad penitenciaria informó que, en dicho lapso, fueron 14 centros federales de Readaptación Social, incluyendo el Complejo Penitenciario de “Islas Marías” en donde se efectuaron estos traslados por amparo judicial, siendo este último y el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 “Nor-Poniente”, de Guasave, Sinaloa, para reos de un nivel alto-medio de seguridad, los que más traslados a penales estatales realizaron con 88 casos cada uno.

El resto de los Ceferesos en los que se otorgaron amparos son el Centro Federal de Readaptación Social número 12 de Ocampo, Guanajuato, con 54 traslados a penales locales, el Cefereso número 5 de Villa Aldama, Veracruz con 33; el Cefereso 13 “CPS Oaxaca” con 29 traslados, el “CPS” de Gómez Palacio, Durango con 18, el Cefereso Número 6 “Sureste”, de Huimanguillo Tabasco; y el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, para internos de alta peligrosidad concretó 10 traslados.

Los otros centros federales con menos de una decena de traslados fueron el Cefereso 15 de Chiapas, el número 11 de Hermosillo Sonora; el Cefereso 7 en Durango; el Cefereso 2 Occidente “Puente Grande”, de El Salto, Jalisco y el Cefereso número 4 “Noroeste”, en Tepic, Nayarit.

El incremento que desde 2011 reflejaron las solicitudes de amparo que tanto juzgados de distrito como tribunales colegiados y unitarios resolvieron para concretar las reubicaciones de presos considerados en su mayoría de alta peligrosidad fue gradual al grado de que para agosto de 2016 ya había superado en 147% los traslados de todo 2011. La variación fue de 19 traslados en 2011, 33 concedidos en 2012; para 2013, primer año de gobierno de Peña Nieto se alcanzaron 89, bajó a 70 para el año siguiente, y alcanzó 112 traslados en 2015. (REPORTAJE COMPLETO EN EJE CENTRAL)