Por Leslie Gordillo
CANCÚN, MX.- Luego de que la XV Legislatura aprobara un punto de acuerdo para que la Secretaría de la Contraloría del estado “investigue el cumplimiento de los requisitos que la ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo prevé para ser nombrado integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo…”, desde el Observatorio Legislativo señalaron que se trata de un golpe político en contra de una de las instituciones que deben de crecer para tener ventanas de oportunidad para señalar los actos de corrupción del estado.
“Los argumentos están basados en los siguientes artículos de la Ley (16 y 17), que como podemos observar no reúnen las bases para establecer estos señalamientos, por lo que podemos concluir que se trata de un golpe político”, explicaron mediante un boletín de prensa.
Además, recordaron que Quintana Roo se encuentra lastimosamente en el segundo lugar nacional en temas de corrupción y que esta situación se torna confusa y muy cuestionable, por lo que hicieron las siguientes observaciones:
1.- “El Sistema Anticorrupción ha sido un logro de la sociedad a nivel nacional y si bien es cierto que en su versión estatal la hemos cuestionado en cuanto al proceso de su formulación, ya está en el marco jurídico del estado y sigue sin tener el respaldo de los poderes legislativo y ejecutivo para su correcto desarrollo.
2.- La elección de consejeros fue realizada en apego a los procedimientos aprobados por la legislatura, por lo que el congreso tiene pleno conocimiento del cumplimiento de sus requisitos, del proceso de selección y de su toma de protesta.
3.- La conformación del Sistema se ha desarrollado en el presente año sin contar con presupuesto alguno, por lo que sus integrantes no han recibido el pago que está establecido en la Constitución y en la ley por lo que no se les puede señalar de que estén cobrando honorarios en estos periodos.
4.- No se vislumbra un reconocimiento para su desarrollo, ya que en la propuesta de egresos para el siguiente año se le asigna un presupuesto de 6 millones de pesos que sabemos no cubrirán las necesidades para su consolidación.
5.- Omite este acuerdo en señalar con precisión qué “sociedad organizada” está cuestionando el procesos de selección en el que ellos mismos participaron y en que se basa para solicitar la intervención de la Secretaría de la Contraloría, la que además no tendrá los elementos para juzgar lo que los propios diputados aprobaron. (Noticaribe)