NAYARIT, MX.- Diputados locales de Nayarit le quitaron el fuero constitucional a dos magistrados y a cuatro jueces para que puedan ir a juicio por participar en una red que cometió un presunto fraude contra 60 mil derechohabientes del Infonavit, publicó El Heraldo de México.
En sesión pública ordinaria, los legisladores concluyeron el juicio político –previsto en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado de Nayarit– contra los funcionarios para que puedan ser juzgados por al menos ocho delitos.
Los ilícitos de los que se les acusa son asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, delito cometido en la custodia de documentos, tráfico de influencias, falsificación de documentos en general y fraude especifico, en detrimento de la sociedad y de Arturo Alonso Martínez Sequera –afectado y denunciante–, así como de quien o quienes resulten ofendidos.
Los funcionarios a quienes les retiraron el fuero son Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, mientras que los jueces son Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez, quienes quedarán a disposición de las autoridades competentes.
El caso señala que presuntamente estarían involucrados en una ejecución hipotecaria ilegal del Infonavit contra 60 mil derechohabientes de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco, a quienes entre 2013 y 2018 supuestamente les retiraron de manera irregular, en juicios espejo, su vivienda.
Este tipo de juicios fueron detectados en tres juzgados, Bahía de Banderas, Compostela y Xalisco.
Por ejemplo, en un juzgado de Xalisco fueron denunciados 11 mil 552 derechohabientes, en Bahía de Banderas, cuatro mil 500, y en Compostela existe una carpeta que concentra procesos contra 28 mil. En este último, las 28 mil familias son de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Nayarit.
El juicio especial hipotecario tiene el expediente 297/2014, concentra más de 221 tomos, y da cuenta que los demandados fueron notificados en un solo domicilio y, al no responder las acciones jurídicas, fueron declarados en rebeldía el 16 de junio de 2014, con lo que presuntamente se consumó el retiro de las viviendas.
Tan sólo en Nayarit podría ser superior a los 12 mil 500 millones de pesos, ya que se calcula que cada uno de los 25 mil derechohabientes demandados estaría pagando viviendas por más de 500 mil pesos. (Fuente: El Heraldo de México)