Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Por segundo año consecutivo, el Gobierno del Estado considera a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación la aplicación del programa de verificación vehicular, aprobado por las bancadas del PRI, PVEM, PANAL y Movimiento Ciudadano durante la gestión de Roberto Borge Angulo y la expedición de hologramas, de acuerdo con la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo, publicada el pasado 31 de diciembre y que entró en vigor el primer día de enero del año en curso, la cual sería aplicable a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).

Según quedó establecido en el artículo 56 de la Ley de Derechos, por cada verificación vehicular, que deberá efectuarse sobre la emisión de contaminantes generados por los vehículos automotores, su propietario o poseedor deberá pagar 8 UMAs, es decir 644.8 pesos de acuerdo con los 80.60 pesos establecidos como referencia económica por el INEGI para el 2018, anual a vehículos con motor a gasolina, diésel, gas LP o cualquier otro tipo de combustible para los hologramas Cero y holograma Dos

Por la verificación bi-anual a vehículos con motor a gasolina, diésel, gas LP o cualquier otro tipo de combustible, el propietario o poseedor de la unidad deberá pagar 16 UMAs, es decir mil 289.60 pesos, por el holograma Doble Cero. Asimismo, por la búsqueda y reposición de certificados y/u hologramas de verificación vehicular de emisión de contaminantes se pagarán dos UMAs, es decir, 161.20 pesos; cuando el interesado aporte los elementos necesarios para la localización del certificado correspondiente, tratándose de vehículos y motocicletas pagará 2.30 UMAs, es decir 185.38 pesos; y cuando no aporte los elementos necesarios se le agregará 2.30 UMas adicionales y tendrá que pagar 4.60 UMAs, es decir, 370.76 pesos.

El pago de los derechos a que se refiere dicho artículo deberán realizarse de manera semestral en los meses de enero, febrero y marzo para el primer caso y en los meses de julio, agosto y septiembre para el segundo semestre de cada año.

Asimismo, la Ley de Derechos establece que el costo por el estudio, verificación del sitio y análisis de la documentación para obtener la concesión vehicular será de 500 UMAs (40 mil 300 pesos); el costo para obtener la concesión para la operación de un centro de verificación vehicular será de 3 mil 500 UMAs (282 mil 100 pesos); el costo para obtener el refrendo anual para la operación del centro de verificación vehicular concesionado será de mil 800 UMAs (145 mil 80 pesos)

El costo para obtener la calcomanía y su constancia de baja emisión de contaminantes será de 5 UMAs (403 pesos) y de 2 UMAs (161.20 pesos) cuando se trate de los hologramas cero y dos. El costo para obtener la hoja de rechazo será de una UMA (80.60 pesos)

Únicamente los concesionarios de los Centros de Verificación Vehicular autorizados por la SEMA podrán obtener dichas hojas de rechazo y calcomanías con sus respectivas constancias de baja emisión de contaminantes. El costo por autorización en el incremento de cada línea de verificación vehicular en los Centros de Verificación Vehicular autorizados será de 500 UMAs (40 mil 300 pesos).

Antecedentes

En diciembre del 2011, durante la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo,  las fracciones parlamentarias del PRI,, PVEM, PANAL y Movimiento Ciudadano en el Congreso local aprobaron la instalación de 12 centros de verificación vehicular a partir del 2012 con lo cual el Estado pretendía obtener 30 millones de pesos anual, mientras que cada una de las empresas podrían obtener 200 millones anuales por el proceso de verificación de unas 400,000 unidades contabilizadas para ese periodo. De acuerdo con lo autorizado por la mayoría de los integrantes de la Decimo Segunda legislatura el costo promedio por servicio de verificación sería de 300 pesos, medidos en salarios mínimos. El holograma Cero tendría un costo de 6 salarios mínimos; el holograma 2, cuatro salarios mínimos; el holograma Doble Cero, 10 salarios mínimos y el holograma G 2, cuatro salarios mínimos

Hasta el 2011, un total de 12 empresas habían presentado su solicitud para otorgar el servicio de verificación vehicular entre las que se encontraban Controles Mexicanos de Emisiones, S.A., de C.V; Control Ecológico Coyoacán S.A. de C.V., Control Ambiental del Valle de México, S.A., de C.V., Verificación Cuauhtémoc S.A. de C.V., Proyección Ambiental del Sureste S.A. de C.V., Verificentros Riviera Maya S.A. de C.V., Verificentros Tulum S.A. de C.V., Verificentros Arena Blanca S.A. de C.V., Proyecciones Ambientales Playa S.A. de C.V., Fuentes Móviles del Caribe S.A. de C.V., Verificentros Benito Juárez S.A. de C.V. y Verificentros Quintana Roo S. A. de C. V.

El 5 de diciembre de 2016, a unos meses de haber asumido la gubernatura Carlos Joaquin Gonzalez, el entonces secretario de Finanzas, Juan Vergara Fernández aseguraba que “por el momento” no se cobraría el impuesto por concepto de verificación vehicular, aprobado por los integrantes del Congreso local durante la administración de Roberto Borge y que fue uno de los temas más cuestionados en ese periodo. Sin embargo, no quedó claro si más adelante se podría instaurar el sistema de verificentros.

Aseguró, a pesar del avance de la construcción en varios municipios de la entidad como Cozumel y Othón P. Blanco entre ellos, los verificentros en Quintana Roo no existían y que se trataba de una herencia de la administración pasada por medio de un decreto y un acuerdo que se encuentra en la Ley de Hacienda del Estado, “y que precisamente el gobernador nos instruyó de no dar paso a los verificentros, porque esto costaría un desembolso a todos los propietarios de vehículos y lesionaría su economía”.

Ya en la Ley de Hacienda para el ejercicio 2018, aprobada por los integrantes de la XV Legislatura el 29 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado consideraba la aplicación del cobro por concepto de verificación vehicular y la instalación de los llamados verificentros sin que pudiera aplicarla. (Noticaribe)