Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Luego de un periodo de prueba en el área de Xcacel-Xcacelito, el gobierno del Estado consideró en su Ley de Derechos para el ejercicio fiscal 2019, la aplicación de cobro por ingreso y/o servicios en las áreas Naturales Protegidas Estatales que presta la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente -a través del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas- a las personas físicas y morales a visitantes locales, nacionales y extranjeros.
De acuerdo con la Ley de Derechos que fue publicada el pasado 31 de diciembre en el Periódico Oficial, los quintanarroenses pagarán un costo de .30 UMAs – es decir 24.18 pesos de acuerdo con los 80.60 pesos establecidos como referencia económica por el INEGI para el 2018-; los turistas nacionales .50 UMAs; extranjeros una UMA y 1.87 UMAs por un pase mensual para quitanarroenses mismo que será personal e intransferible.
Por concepto de estudios de investigación que se vayan a efectuar dentro de las Áreas Naturales Protegidas por instituciones académicas y de investigación, nacionales o extranjeras 3 UMAs ; por concepto de filmaciones y sesiones fotográficas con fines comerciales 160 UMAs; por autorizaciones anuales a prestadores de servicios náuticos, acuático-recreativos, de ecoturismo de bajo impacto 380 UMAs y por el uso de la imagen de las áreas naturales protegidas y sus recursos 380 UMAs.
La ley exceptúa de pago a los menores de ocho años, mayores de 65 y las personas con capacidades diferentes.
Asimismo, en lo concerniente a los servicios que se presta a través de la Procuraduría de Medio Ambiente, las personas físicas y morales pagarán 440 UMAs por concepto de auditorias ambientales y 80 UMAs por aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido de las auditorias ambientales.
La directora del Instituto de Biodiversidad explicó, en su momento, que el presupuesto asignado para atender las 10 áreas naturales protegidas existentes en Quintana Roo era de apenas un millón de pesos, por lo que la aplicación del cobro de acceso y uso permitiría la generación de ingresos para darles mantenimiento y lograr su vigilancia, ya que apenas cuentan con tres personas para darles atención.
Consideró que por lo menos se requiere de cuatro millones de pesos por cada una de las áreas naturales protegidas. (Noticaribe)
