Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Aunque derivado de las denuncias interpuestas por el delito de desempeño irregular de la función pública y daño patrimonial al Estado se ha logrado la detención de 18 funcionarios de la pasada administración estatal, la Fiscal Especializada en el Combate a la Corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo reconoció que aun quedan pendientes 26 mandados judiciales por cumplir.
Al entregar su primer informe de labores, comprendido de septiembre de 2017 a diciembre de 2018, ante diputados de la Décimo Quinta legislatura aseguró que “aunque lento” están avanzando en el deslinde de responsabilidades en torno a ex funcionarios que atentaron contra el patrimonio de Quintana Roo avanza.
Explicó que el número de denuncias penales e imputados ha aumentado pero también los recursos de defensa pues en estos momentos la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción enfrenta 105 recursos legales de combate promovidos por ex funcionarios que pretenden evadir la acción penal. De estos hay 19 en prioridad.
Aunque hemos logrado tres sentencias que derivaron en reparación de daño por 66 millones de pesos, 28 fueron reembolsados en efectivo, el resto en especie. Del total 48 millones corresponden a recursos estatales, aseguró.
Recordó que 12 ex funcionarios fueron detenidos en Quintana Roo y otros seis en otras entidades del país con el apoyo de organismos internacionales. En cuanto a vinculación a proceso, Villanueva Arzápalo dio a conocer que de 24 carpetas, se ha logrado que 18 imputados reciban prisión preventiva.
Con base al trabajo con organismos internacionales, se emitieron 20 alertas migratorias que evitan que ex funcionarios abandonen México. Paralelamente se formularon 12 rojas, explicó ante los diputados.
En la recuperación de bienes inmuebles Villanueva Arzápalo informó que se aseguró un hotel en Cozumel y 292 predios. 23 recibieron avalúo de 202 millones 520 mil pesos. Los 269 restantes no han sido cuantificados porque la Fiscalía General del Estado (FGE) solo cuenta con dos peritos en esta materia.
En coordinación con la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), el número de denuncias penales contra ex colaboradores de Roberto Borge Angulo incrementó de 37 a 97. Las querellas van encaminadas a proceder legalmente en contra de 144 es funcionarios de ocho entidades estatales y ocho ayuntamientos, abundó..
Para tener resultados lo más inmediatos, se notificó de Juicios de Garantía a la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Yucatán, Guadalajara y Puebla, donde se presume se esconden ex funcionarios de la pasada administración estatal.
El objetivo para el presente año es lograr que la FECC se consolide como órgano autónomo y puede gestionar recursos, pues actualmente solo cuenta independencia técnica, que le supedita a la FGE.
En cuanto al trabajo que han desarrollado en este periodo dijo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) ha registra el peculado como el delito más denunciado con el 28.8 por ciento. Equivale a tres de cada 10 querellas; Abuso de Autoridad, con 22 por ciento y en tercer lugar, Desempeño Irregular de la Función Pública, con ocho.
La acreditación de imputaciones es complicada pues debe fundarse con diversas pruebas: videos, hechos, registros de autoridades y más, reconoció. (Noticaribe)
Fiscalía Anticorrupción ha dado muestras de buenos resultados: legisladores
El Congreso del Estado reconoció el trabajo hecho por la Fiscalía Anticorrupción que, a un año de haberse creado, no ha perdido ningún caso; ha logrado tres sentencias condenatorias en contra de ex funcionarios de la administración pasada y ha logrado recuperar recursos y propiedades patrimonio del Estado por un monto equivalente a 63 millones 12 mil 572 pesos de acuerdo con las cifras proporcionadas a legisladores.
La Fiscal especial Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo acudió como marca la ley, ante la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Poder Legislativo, a cargo de la diputada Yamina Rosado Ibarra, a rendir su primer informe de labores en el que destacó que hasta la fecha no ha perdido ningún caso de los que lleva y, por el contrario, ha obtenido tres sentencias condenatorias en contra de funcionarios de la administración pasada que han sido señalados por los jueces como culpables.
Diputadas y diputados de la XV Legislatura recibieron a la funcionaria a quien le reconocieron el trabajo desarrollado y a quien le refrendaron el respaldo del Poder Legislativo en la tarea anticorrupción que encabeza al atender 341 carpetas de investigación, de las cuales 217 procedimientos son contra servidores públicos, 56 son de competencia de una autoridad distinta que le debe dar seguimiento; 39 casos fueron judicializados; 14 fueron procesos contra particulares y en 12 se determinó el no ejercicio de la acción penal por falta de elementos o por haberse logrado un acuerdo de reparación entre las partes.
En la reunión el diputado Eduardo Martínez Arcila y el diputado Emiliano Ramos Hernández, coincidieron en la necesidad de valorar la posibilidad de que, como en otros estados de la República, la Fiscalía Anticorrupción, sea un órgano autónomo, independiente de la Fiscalía General del Estado, pues de esa manera contaría con mayores herramientas para poder funcionar de mejor manera.
La funcionaria reportó que en este año de trabajo la Fiscalía Anticorrupción logró asegurar 292 predios, de los cuales 23 cuentan con un avalúo equivalente a 202 millones 520 mil 531 pesos, mientras que 269 aún se encuentran en proceso de avalúo. Además, se han asegurado 70 bienes inmuebles como garantía de reparación del daño contra los imputados por diversos delitos, expuso.
El diputado Fernando Zelaya destacó la importancia de que en estos procesos de investigación se hayan emitido 20 alertas migratorias, así como 15 alertas rojas o fichas de la Interpol porque gracias a ello se logró la detención de un exfuncionario hoy preso.
A su vez el diputado Ramos Hernández le pidió a la Fiscal especial “no claudicar en esta lucha contra funcionarios que han saqueado el estado o han cometido algún delito” y sugirió que, quien haya delinquido, sea castigado conforme a la ley y no se permita que haya acuerdos reparatorios porque la sociedad espera castigos ejemplares.
La diputada Yamina Rosado, presidenta de la Comisión, sostuvo que es gracias a las denuncias por parte de la sociedad como se ha avanzado en estos procesos para terminar con la corrupción y ese cambio social, añadió, es el que se debe seguir promoviendo.
Por su parte el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, sostuvo que, en la batalla por aplicar la justicia, se reconoce la desigualdad de condiciones, pues mientras la Fiscalía funciona con el mismo personal, abogados, peritos e investigadores, cada uno de los imputados cuenta con otros recursos, financieros y personales, con los cuales compiten contra la Fiscalía. A pesar de ello, dijo, “los números son muy claros: sí ha funcionado, es una revelación el que no haya uno solo que haya sido declarado inocente, ni con sentencia absolutoria”.
La Fiscal especial Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo reiteró su compromiso de seguir procurando la justicia en su estricto sentido sin que en ello pese o incida ánimo alguno de revancha en contra de nadie.
A la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, también asistió el diputado Luis Ernesto Mis Balam. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)