VERACRUZ, MX.- Jorge Winckler Ortiz se convirtió en el primer fiscal general de un estado que será sometido a juicio político. Además, si el pleno del Congreso local avala su destitución por esta vía, la Fiscalía General de la República podrá someterlo a investigación a él y a sus colaboradores, publicó El Heraldo de México.
Winckler y algunos funcionarios del organismo están acusados de desaparición forzada, tortura, incumplimiento de un deber legal y falsedad de declaraciones al no rendir un informe justificado ante una autoridad federal.
Hay que recordar que en las denuncias también se señala al actual fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, y al fiscal especializado para el tema de desaparecidos, Luis Eduardo Coronel, entre otros, por participar en irregularidades.
El presidente de la Comisión Instructora, Rubén Ríos Uribe, confirmó que se aplicará juicio político al fiscal en una próxima sesión y si se consigue mayoría calificada –las dos terceras partes, 34 de los 50 legisladores– será destituido y podría ser inhabilitado hasta por 10 años.
Acotó que sólo el diputado del PAN Enrique Cambranis, vocal de la Comisión Instructora, votó contra los proyectos que avalaron él, como presidente, y la legisladora Jessica Ramírez Cisneros, de Morena, en su calidad de secretaria.
Cabe recordar que Winckler fue denunciado ante el Congreso por Francisco Zárate, quien fue jefe de escoltas del ex fiscal Luis Ángel Bravo, y lo acusa de desaparición forzada con el objeto de obligarlo a dar información sobre el paradero de éste.
Además, lo denunció Jorge Reyes Peralta, representante del ex director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre, quien dice ser víctima de tortura para involucrar al ex-fiscal Bravo en el delito de desaparición forzada.
Ríos Uribe dijo y que depende de la secretaría enlistar los dictámenes en una próxima sesión extraordinaria, hasta dentro de siete días hábiles, debido a que este jueves concluye el primer periodo de sesiones ordinarias. Si el pleno avala el juicio político, el asunto irá al Poder Judicial local, que tiene un plazo de un año para emitir un fallo. (Fuente: El Heraldo de México)