Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Un nuevo revés para la Fiscalía General del Estado y la Especializada en Combate a la Corrupción tras confirmarse la libertad del ex director de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA (VIP SAESA), Carlos Acosta Gutiérrez, luego que el juez sexto de distrito determinó la prescripción de la acción penal al considerar que es un delito de naturaleza instantánea, no continuado.
Al efectuarse este viernes la audiencia en la sala de juicios orales, el juez correspondiente consideró válido el resolutivo del órgano jurisdiccional con el cual se ordenó la cancelación de las medidas cautelares impuestas.
El 4 de julio de 2017, Acosta Gutierrez fue detenido cuando circulaba en el bulevard bahía de Chetumal por el delito de desempeño irregular de la función pública según denuncia interpuesta y abierta en el expediente 151/2017 en el caso de la empresa VIP SAESA. El 28 de marzo de 2018, el Juez de Control de primera instancia del distrito judicial de Chetumal decretó la modificación de la medida cautelar impuesta a Acosta Gutiérrez de prisión preventiva a arresto domiciliario como resultado de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
El Juez de Control de primera instancia del Distrito Judicial de Chetumal, de acuerdo a la petición efectuada en su momento por la defensa de Carlos ‘N’, decretó la modificación de la medida cautelar impuesta de prisión preventiva justificada a arresto domiciliario, con base establecido en el Artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en que faculta a los jueces de control para ordenar el resguardo en su propio domicilio a personas a las que no se quiere dejar en libertad mientras se les procesa y que se autorizó tal medida con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 20 de marzo del presente año.
Acosta Gutiérrez enfrentaba un proceso por presuntas irregularidades cometidas en su desempeño como director de la empresa VIP SAESA en la erogación de 320 millones de pesos y 40 millones de dólares en supuestas operaciones aéreas durante la pasada administración estatal. Tras haber sido vinculado a proceso el indiciado dejó cuatro propiedades, un vehículo, un remolque y una motocicleta de lujo como garantía para la reparación del daño.
El Juzgado Sexto de Distrito determinó la cancelación de las medidas cautelares impuestas al señalado, el cual gozaba de Arraigo Domiciliario.
A través de su cuenta de Tuiter, la Fiscalía General del Estado afirmó que promoverá un recurso de revisión en contra de la resolución que habría resultado en la cancelación de sus medidas cautelares y la liberación de Acosta Gutiérrez.
Al igual que Acosta Gutiérrez, Mario Castro Basto -detenido en la ciudad de Mérida el 19 de agosto de 2018- por su vinculación con la carpeta de investigación 151/2017 por su cargo de integrante del consejo de administración de la empresa VIP SAESA- obtuvo su libertad el 12 de diciembre del año pasado luego que el Tribunal Colegiado determinó que el delito por el que fue acusado había prescrito.
Desde el 17 de diciembre de 2017, el entonces fiscal general del Estado Miguel Angel Pech Cen había advertido la posibilidad de que los ex funcionarios señalados de desempeño irregular de la función pública en el caso de la empresa VIP SAESA pudieran obtener su libertad luego que el ex secretario de desarrollo urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo decidiera acogerse al procedimiento abreviado con lo cual garantizó la reparación del daño ocasionado al erario público.
En ese momento, Pech Cen detalló que con el procedimiento abreviado, se calcula la parte proporcional que les corresponde y los abogados defensores de los inculpados tendrían que hacer la propuesta de negociación, en tanto que la Fiscalía elabora el escrito de acusación que incluye la reparación del daño y, si ellos lo aceptan, tendrán que decirle al juez que se acogen al procedimiento abreviado.
Pech Cen aclaró que en el caso del procedimiento abreviado no es obligación de la Fiscalía hacer la propuesta sino de la defensa del inculpado, “y la fiscalía de combate a la corrupción tiene que ver que se satisfaga los requisitos que se piden, se garantice ante el juez la reparación del daño patrimonial y quedan a disposición del gobierno del estado a través de Sefiplan”.
Aunque en el caso de Castro Basto y Acosta Gutierrez, ambos obtuvieron su libertad tras considerar el juez que los delitos por los cuales fueron imputados habrÍan prescrito.
LOS OTROS ‘LIBERADOS’
Otros ex funcionarios de la anterior administración también han salido de prisión.
PAULINA GARCÍA ACHACH, ex colaboradora de Mauricio Rodriguez Marrufo y por unos meses fungió como titular de la SEDUVI, fue detenida el 9 de mayo por su presunta participación en delitos en contra del erario estatal, aunque obtuvo su libertad al dejar en garantía propiedades con un valor de 39 millones de pesos, ordenada por el juez, lo que significa que afrontará su proceso en libertad. La garantía entregada para obtener su libertad constó de seis títulos de propiedad ubicados en el municipio de Cozumel y un vehículo marca Audi, los cuales quedaron bajo resguardo ante el juzgado, según las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía estatal.
ROOSELVET ERCE BARRÓN BARRERA fue detenido el 25 de noviembre de 2017 en Baja California, al cumplirse orden de aprehensión por la carpeta de investigacion 151/2017, derivó en una alerta migratoria y notificación roja por Interpol con numero de control A-9818/2017, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública. El 18 de enero de 2018, tras permanecer en el CERESO de Chetumal aproximadamente 52 dias, obtuvo su libertad luego que sus abogados hicieran valer un amparo al presentar pruebas por la actuación irregular de la Fiscalía General del estado al ejecutar la orden de aprehensión a pesar de que el ex funcionario tenia un amparo.
GABRIEL MENDICUTTI LORIA fue detenido el 20 de enero de 2018 por elementos de la Policía Ministerial por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, en agravio al patrimonio del Estado y daño por 534 millones de pesos. El 9 de febrero fue traslado del CERESO de Chetumal a una clinica privada al presentar problemas cardiacos. Luego de dos meses de permanecer hospitalizado fue trasladado a su domicilio ubicado en la Manzana 49 lote 4/ 75 entre 30 y Constituyentes, colonia ejidal, de Playa del Carmen, después que el juez de control modificara la medida cautelar dictada en contra del ex funcionario.
PAULA GONZALEZ ZETINA fue detenida el 2 de enero de 2018 y trasladada al Cereso de Chetumal y luego de un intenso debate entre los fiscales y los abogados defensores se logró su vinculación a proceso en la madrugada del tres de enero pasado por el delito de peculado y se le impuso la medida de prisión preventiva justificada. González Cetina está relacionada con la carpeta 308/2017 por el desvío de 1,050 millones de pesos entregado por la empresa Aguakan por la privatización del servicio en el municipio de Solidaridad, así como de otros 500 millones de pesos provenientes de un crédito bancario.
Posteriormente un juez de control también determinó conceder arraigo domiciliario a la ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, con lo cual continuará su proceso penal fuera del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal. La ex funcionaria es custodiada las 24 horas por elementos de la Policía Estatal Preventiva.
ALICIA RIVERA GALERA, ex directora de recursos financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), fue detenida el 27 de enero de 2017 señalada de peculado dentro de la carpeta administrativa 308/2017.acusada por el desvío de mil 50 millones de pesos entregados por Aguakan como contraprestación para la privatización del servicio de agua en Solidaridad, los que fueron entregados por CAPA a la Secretaría de Finanzas y Planeación a las horas de haberse depositado y cuyo destino final se ignora.
También se le acusa de otro desvío, de más de 500 millones de pesos, obtenidos mediante un crédito bancario.
El 5 de abril de 2018 obtuvo del juez el beneficio de prisión domiciliaria y también es custodiada por elementos de la Policía Estatal Preventiva.
SORAYA HERRERA MANZANILLA señalada por presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y vinculada en la causa penal 381/2017. La PGR solicitó la cancelación de la orden de aprehensión girada en su contra.
GINA PATRICIA ORTIZ BLANCO fue vinculada a proceso el 23 de mayo de 2018 por el delito de peculado que se sigue en la carpeta administrativa 151/2017. Aunque el el juez de control decretó como medidas cautelares: Firma periódica cada 15 días, no abandonar el Estado, una garantía económica de 200 mil pesos y el embargo de 11 inmuebles propiedad de la imputada.
La ex directora del IPAE enfrenta señalamientos por supuestos actos de corrupción por la venta irregular de unos once predios con un daño al patrimonio estatal de unos 53 millones de pesos.
ROSA YOLANDA ANGULO CASTILLA, madre del exgobernador Roberto Borge Angulo, obtuvo una suspensión provisional en contra de la ejecución de alguna orden de aprehensión, por parte de un tribunal de la Ciudad de México, con el pago de 5 mil pesos como garantía. Esta relacionada en la compra.venta fraudulenta de varios predios propiedad del estado en la isla de Cozumel los cuales fueron adquiridos a un costo muy por debajo de su precio. (Noticaribe)