Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Aunque afirmó que la pasada administración municipal les heredó un déficit financiero por 582 millones 909 mil 962 pesos -considerándolo como daño patrimonial- y obras inconclusas por un monto de 49 millones 653 mil 066 pesos, la síndico municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martinez Hernandez reconoció que no han podido interponer las denuncias contra ex funcionarios porque no se ha podido modificar la estructura de la Contraloría para crear las comisiones de sustanciación e investigación y dictaminadora.
En conferencia de prensa, para dar a conocer un informe financiero y administrativo con corte a septiembre de 2018, aclaró que ya presentó una iniciativa ante el Cabildo que permita crear las figuras de sustanciación, investigación y dictaminadora que le permita a la Contraloría Municipal investigar las denuncias por presuntas irregularidades cometidas en la pasada administración. Aunque dijo que la situación económica es difícil, el Ayuntamiento no se encuentra en “quiebra técnica”, ya que se ha podido mantener con los recursos disponibles.
Incluso, aseguró que el adelanto de participaciones federales solicitado al Gobierno del Estado por 15 millones de pesos, no les fue autorizado, “así que ni eso debemos”.
Acompañada de los regidores Adrián Martínez y el independiente Julio Alfonso Velázquez Villegas, la síndico municipal informó que el municipio debe pagar dos millones 200 mil pesos por temas laborales de 35 asuntos detectados y de los cuales siete se encuentran en cierre de instrucción y visto para la emisión del laudo correspondiente; seis en proceso de amparo, cuatro en proceso de requerimiento de pago y embargo en contra del ayuntamiento y 15 con laudo condenatorio.
Dijo que, de acuerdo con los informes, se encuentran judicializadas cinco carpetas penales, de las cuales tres se encuentran en proceso de investigación complementaria y dos en la fase intermedia, es decir, en el proceso de descubrimiento probatorio, así como también hay 25 demandas de amparo vigentes en los diversos tribunales del Poder Judicial de la Federación y que se encuentran en proceso de resolución.
En materia administrativa, el Ayuntamiento enfrenta cinco demandas de nulidad ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado y la Mercantil se encuentran dos demandas interpuestas por proveedores.
Martínez Hernández informó que la cuenta de banco presentó un saldo de 61 millones 603 mil 818 pesos, de los cuales únicamente 13 millones 423 mil 264 pesos que pueden utilizar para cubrir los gastos de operación y pasivos municipales. De los pasivos por 582 millones 909 mil 962 pesos, 159 millones 806 mil 241 corresponden a adeudos a proveedores y retenciones realizadas a los trabajadores y no fueron enteradas al ISSSTE, FOVISSSTE, IMSS y créditos a terceros, “y que, presumiblemente, fueron desviadas de su destino natural de pago”.
Aseguró que en los dos años de la pasada administración que encabezaron Luis Torres Llanes y María Luisa Alcérreca Manzanero -actual tesorera del Gobierno del Estado- los pasivos a corto plazo aumentaron 36.51 por ciento que representa una cifra de 42 millones 740 mil 855 pesos; las retenciones a los trabajadores aumentaron un 23.37 por ciento, lo que representa 18 millones 161 mil 682 pesos.
En el tema de sueldos, la pasada administración erogó 25 millones 837 mil 600 pesos y gastó 52 millones 275 mil 800 pesos, lo que dejó un déficit de 4 millones 905 mil 179 pesos.
En materia de servicios generales, los ex funcionarios municipales erogaron 85 millones 571 mil 610 pesos, “dejando un saldo de 8 millones 374 mil pesos los cuales básicamente sirven para el pago de energía eléctrica que es de casi tres millones de pesos mensuales
La síndico municipal dijo desconocer la existencia de “aviadores” en la nómina municipal, aunque reconoció que en estos momentos la plantilla laboral es de 2 mil 400 empleados.
Reconoció que el presupuesto autorizado por el Congreso del Estado apenas les alcanzará para hacer frente a sus compromisos y aunque consideran necesaria la reestructuración de la deuda pública, hasta el momento no la han considerado como estrategia para mejorar las finanzas municipales. (Noticaribe)