Por Leslie Gordillo
CANCÚN, MX.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) comenzará la defensa legal ante la ley de alcoholes, porque si bien reconocen que la situación de inseguridad que se vive a nivel nacional es grave, no por ello deben perder de vista hasta qué grado el gobierno puede obligar a los comercios, a implementar una política criminal a través de los negocios, además de que no hay claridad en la misma.
En este sentido, Miguel Ángel Rivera Monsalvo, asesor jurídico de Canirac, aseguró que se está dando todavía el beneficio de la duda a las autoridades, respecto a la aplicación de la ley que entró en vigor el 10 de febrero y que, si bien trata de lograr una colaboración como sociedad, también tiene varias violaciones de las que buscan defenderse.
“Esta ley está trasladando parte de la responsabilidad que tiene el estado para poder salvaguardar a toda la ciudadanía, en este caso quiere comenzar a través de los comensales o de quienes visiten establecimientos con patente de alcohol. Los obliga a tener un sistema de seguridad que ni las propias instituciones gubernamentales las tienen”, lamentó.
Por su parte, Julio Villarreal, secretario general de la Canirac, aclaró que la postura sería responder en términos legales mediante los amparos, pues inclusive algunos municipios están aplicando controversia ante el Estado porque la ley no es clara y eso deja muchos huecos, dudas e incertidumbres a todos los comercios en general.
“Lo que nosotros buscamos es que esta ley sea clara, que sea clara en sus motivos y clara en su aplicación. La postura de Canirac es ir al amparo sin dejar de negociar con gobierno del estado y gobierno municipal, para llegar a un buen consenso”, agregó Julio Villarreal.
Para que puedan interponer el amparo, agregaron, tendrán que esperar los tiempos legales, considerando las afectaciones específicas sobre los 207 agremiados que son, más de 6 mil 300 restaurantes en todo el estado y 30 mil empleos directos.
Entre las obligaciones que se han integrado en la ley, pero que aún no hay especificaciones, está la colocación de cámaras que deberán conectarse al C5, ante lo que ni siquiera hay confianza de su funcionamiento y en general hay imposiciones que se quieren instaurar sin definir criterios, ni quiénes integrarán la comisión que estará revisando estos esquemas y que podrían significar la pérdida de patentes. (Noticaribe)