CHIAPAS, MX.- A unas horas de que se dicte sentencia, familiares y amigos de Diego López Méndez exigieron su liberación tras asegurar que fue torturado para que se auto inculpara y se violó todo el debido proceso que desde hace seis años lo tiene en prisión, publicó Proceso.
En conferencia de prensa, los activistas informaron que este martes 12 de febrero, Diego López Méndez escuchará la sentencia del juez penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, César Rodríguez Robles.
Abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que llevan el caso, dijeron ayer que Diego pertenece al pueblo indígena tseltal y se encuentra en prisión desde hace seis años y ocho meses.
Denunciaron que lo detuvieron de manera arbitraria, lo torturaron y posteriormente le fabricaron el delito de homicidio. La persona que lo inculpó también denunció tortura para implicar a otros.
Actualmente está en espera de sentencia, enfrenta un proceso lleno de irregularidades jurídicas, entre ellas la violación del derecho de presunción de inocencia, no contar con intérprete en su lengua y otras faltas al debido proceso.
Diego López Méndez, de 26 años, nació en Barrio Chixtetic, municipio de San Juan Cancuc, en Los Altos de Chiapas. De origen campesino, desde joven migró en busca de sustento.
Al ser privado arbitrariamente de su libertad, su familia quedó en el desamparo y se vulneraron sus derechos básicos de alimentación, salud y seguridad, entre otros, y no tuvieron posibilidad de verlo cotidianamente.
Además, al ser parte de una comunidad indígena les violentan derechos colectivos propios de su pertenencia cultural.
A lo anterior se suma la indefensión igualmente sistémica de quien no cuenta con recursos económicos para defender lo que por derecho le corresponde y que las instancias del Estado encargadas de ello son inoperantes.
Diego López Méndez forma parte de la organización Solidarios de la Voz del Amate, colectivo de personas integrantes de pueblos originarios, injustamente encarceladas quienes luchan por su libertad y denuncian las inhumanas condiciones de la prisión.
El Frayba solicitó al juez responsable de dictar sentencia a Diego que aplique el principio pro persona, que tome en cuenta las pruebas de la detención ilegal, así como los indicios y secuelas de la tortura para dictaminar su libertad, y que considere su pertenencia cultural como pueblo originario. Lo anterior sería un precedente de justicia hacia población históricamente lacerada con prisión injusta.
Torturaron a 13 indígenas en 2018
Durante el 2018, el Centro de Derechos Humanos recibió 13 denuncias de casos de tortura a integrantes de pueblos originarios: 6 tseltales, 6 tsotsiles y un chol, quienes se encuentran en prisión.
En el Informe sobre la situación de los Pueblos Indígenas en México, la relatora especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz reiteró que: “Para los indígenas, varios factores limitan el acceso al sistema judicial nacional para defender sus derechos. Se presentan barreras económicas, culturales, lingüísticas, geográficas y de racismo y discriminación.” Y recomienda: “Las medidas de seguridad y protección, así como de justicia y reparación por violaciones de derechos humanos, deben tener en cuenta factores de género y la situación de la niñez, juventud y otros sectores vulnerables indígenas”. (Fuente: Proceso)