CIUDAD DE MÉXICO, MX.- De acuerdo a la información disponible del proyecto, las vías del Tren Maya correrán a través de 1 mil 525 kilómetros sobre la península de Yucatán, lo que incluye 446 kilómetros del tramo Caribe, ubicado entre Quintana Roo y Tabasco. En este último se encuentra la carretera 307, cuya construcción pasó por encima de la decisión de ejidatarios a quienes desde hace 50 años la federación debe el proceso formal de expropiación y, en consecuencia, la indemnización correspondiente, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, retomada por aristeguinoticias.com.
Propietarios de un total de 11 ejidos afectados, entre éstos Bacalar, Chunyaxche, Chetumal, Cancún, Chacchoben, Carrillo Puerto, Xmaben, población en su mayoría indígena maya, están preocupados porque, al igual que la carretera, el proyecto del Tren Maya se ha planeado sin su consentimiento. Apenas a finales de noviembre pasado tuvieron un primer acercamiento con funcionarios federales que explicaron de manera resumida, en qué consistiría el Tren Maya, sin detallarles un plan incluyente y muchos atender sus demandas.
Les preocupa, que, como ocurrió hace 50 años cuando comenzó la construcción de la carretera 307, en el período del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), el Tren Maya no cumpla con las reglas de expropiación e indemnización de los terrenos.
El gobierno federal tendría que expropiar 253 kilómetros que corresponden a estos ejidos, según la Ley Agraria (1936), la cual determina las condiciones para la ocupación de territorios para el aprovechamiento de infraestructura; sin embargo, pese a que es la tercera intervención en esa área—primero la construcción de la carretera 307, luego su ampliación entre 1999 y 2008 y ahora el Tren Maya—, en el Registro Agrario Nacional no existen expedientes que constaten, de nueva cuenta, la expropiación.
Los Tribunales Agrarios han reconocido los derechos de los ejidatarios y, en todos estos casos han exigido al gobierno federal que se realicen los procesos expropiatorios y se haga el pago justo por el uso de sus tierras.
La dependencia encargada de solventar el adeudo histórico con los ejidatarios es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con quien mantienen el lío legal al que han invertido tiempo y dinero. El resultado de estas demandas interpuestas por los ejidos del sur de Quintana Roo, obliga a la federación a pagarle a los ejidatarios, pero a la fecha no se han cumplido las sentencias.
Durante estos años de litigios, los ejidatarios se han organizado para que sin importar quién los represente o cuál sea el gobierno local o federal que deban enfrentar, puedan seguir con la defensa legal de sus derechos.
Los ejidatarios, que siguen una lucha legal por el pago de las tierras y exigen ser consultados, de lo contrario continuarán su exigencia con protestas.
El siguiente es apenas un resumen de uno de los varios casos que usted podrá leer a detalle en la investigación de de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Chacchoben: La comunidad de Chacchoben cuenta con 18 mil hectáreas otorgadas en 1941 y de las que son propietarios 300 ejidatarios. En enero de 2013 los ejidatarios promovieron una acción legal por el pago e indemnización de 81 hectáreas que ocupa el paso de la carretera federal 307. En 2018, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) ofreció 22 mil pesos por el total de las 81 hectáreas que se utilizaron para la carretera. Por lo que se inconformaron los ejidatarios, lo que provocó que el Tribunal Agrario, ordenara al INDAABIN, un segundo avalúo a favor del Ejido. En esta segundo, el instituto aumentó 11 mil 500 pesos al precio de las 81 hectáreas, es decir de 22 mil a 33,500 pesos. Oferta que rechazaron, por lo que el Tribunal volvió a pedirle al INDAABIN un tercer avalúo, el cual, hasta el momento no se ha entregado.
Profesor Graciano Sánchez: Este ejido fue de los últimos en sumarse a las demandas por indemnización. Su proceso legal comenzó en 2014 y se encuentran en espera de su primer avalúo.
Felipe Carrillo Puerto: Con el proyecto de ampliación de la carretera iniciaron las exigencias de los ejidatarios por el pago de indemnización que les correspondía. Y, sin que se solucionara el conflicto, en 2012 la SCT inició otro proyecto ahí mismo: el libramiento Carrillo Puerto, con el que se pretendía que los vehículos que viajan de Chetumal a Cancún y que pasan por la carretera federal 307 no cruzaran por esa ciudad, ahorrando así hasta 10 minutos. El INAADBIN ofreció 11 millones por la indemnización y expropiación de las tierras, cifra que fue rechazada por el ejido. Ante las protestas de los ejidatarios que impedían la construcción del libramiento, la SCT ofreció un pago previo, a cambio de que retiraran sus plantones, y en cuanto hubiera un nuevo avalúo la SCT finiquitaría su deuda. Sin embargo, aunque los ejidatarios cumplieron su promesa, la dependencia interpuso un amparo solicitado al Tribunal que reconociera como pago único los 11 millones, considerando que la carretera tenía un fin social. En noviembre de 2018, el Tribunal dio la razón a la Secretaría, por ello los ejidatarios interpusieron una nueva demanda a fin de que se les pague a precio actual.
Xmaben y Anexos: A diferencia de los otros, el poblado también conocido como El Señor, está representado por la Procuraduría Agraria lo que tampoco ha sido una garantía en favor de los ejidatarios, pues la dependencia ha jugado un papel más a favor de la SCT. No tienen informes puntuales, les retardan y escatiman la información.
Chunyaxche: En 2012 los ejidatarios interpusieron su primera demanda contra la SCT reclamando la restitución de 66 hectáreas, mismas que corresponden al tramo de la carretera federal 307. En 2015 el Tribunal Agrario Distrito 44 emitió una resolución, en la cual ordenaba a la SCT a iniciar el proceso de expropiación. En 2016, el Tribunal Agrario ordenó a la dependencia informar cada 15 días sobre las acciones empleadas para expropiar e indemnizar las tierras. La SCT no ha cumplido ni con la expropiación ni con informar sobre sus acciones. El ejido aun se encuentra en espera de su primer avalúo.
Autoridades desconocían historia del conflicto legal
Pablo Careaga, responsable territorial del Tramo Caribe se reunió con habitantes del Ejido de Chunyaxche, (enero 2019). Es la primera y única vez que se tiene registro de un acercamiento formal sobre la construcción del Tren Maya. Sin embargo, el funcionario reconoció que desconocía sobre el conflicto legal al que se enfrentan los ejidatarios de la Carretera 307. Aunque se comprometió ayudar para agilizar los trámites del pago, reconoció que este conflicto era un tema que correspondía solucionar a SCT y no a Fonatur, dependencia para la que él trabaja.
El pasado 11 de febrero, durante la conferencia matutina, el Presidente dijo: “vamos a revisar el plan del istmo, porque ya queremos terminar de elaborar las bases para las licitaciones”, refiriéndose al Tren Maya. Sin duda al Ejecutivo le urge iniciar el tren. Gente cercana al Proyecto al ser cuestionada sobre la falta de certeza para los ejidatarios y la escasa información que existe sobre el plan, dijeron que las cosas van en calma y que a su debido tiempo se revisará el proceso.
Resulta al menos extraño que a un año de que inicien los trabajos, los ejidatarios no tengan la certeza de cuál será la ruta por donde se construirán las vías del Tren Maya y, peor aún, que las autoridades no reconozcan el grave problema que representa para ese proyecto las deudas históricas con los propietarios de al menos 11 ejidos del tramo Caribe. (Fuente: aristeguinoticias.com)