CANCÚN, MX.- Ni las autoridades de gobierno ni la empresa sentenciada han dado cumplimiento de los fallos judiciales en relación a Tajamar, motivo por el que agrupaciones como Guardianes del Manglar ya preparan un juicio civil por desacato, para que se obligue a realizar las medidas resarcitorias por el ecocidio ocurrido hace ya cuatro años.
Katerine Ender Córdova, presidente de esta asociación indicó que ya acudieron ante la Secretaría de la Función Pública y les ha confirmado lo que ya saben, que no se ha cumplido con lo mandatado por los tribunales, ni Fonatur, Semarnat o la empresa Bi and DI.
“Ya hay resoluciones administrativas, que son amparos, en firme. Al no ser cumplidas, incurren en desacato”, comentó la ambientalista.
Ello, con independencia de las denuncias penales que interpusieron en su momento ante la Procuraduría General de la República, y que se han atrasado por el cambio de esta dependencia a Fiscalía.
Estas denuncias están interpuestas no sólo contra el Gobierno Federal, sino por los empresarios que adquirieron predios y que fueron cómplices del intento de destrucción del humedal; incluso en contra de la Prelatura Cancún-Chetumal, que antes de la destrucción general había arrasado con un predio para poner una estructura donde proyectaba hacer una basílica.
Según Ender, aunque contaban con un permiso de desmonte, no traía cambio de uso de suelo, por lo que se incurrió en un delito.
Admitió que probablemente esta causa tarde un año más, pues temas ambientales son muy nuevos para las autoridades. Todavía ni siquiera ha sido judicializado.
Sobre la apertura a vehículos o la nueva instalación de un lugar católico para rezos, Ender Córdova aclaró que independientemente de los acuerdos a los que lleguen autoridades con diversas asociaciones, legalmente la zona debe estar en conservación, lo que impide la realización de cualquier proyecto.
“Al tratarse de manglar, no puede ser tocado, sin necesidad de algún decreto, es un lugar protegido”, comentó. (Noticaribe)