Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El proyecto del Tren Maya debe dar certeza jurídica a ejidatarios sobre la posesión de la tierra y la preservación de los recursos naturales, por ello el Gobierno federal debe respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades indígenas, plantearon integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
“Lo que se tiene que tener es certeza jurídica.Tenemos que garantizar una consulta previa, libre e informada y culturalmente aceptable para cada comunidad, es tener una reunión con cada una de las comunidades y esto, no se ha dado.
“Todo el que se sienta afectado, las comunidades que tengan interés, el Gobierno, las organizaciones, todos se tienen que consultar, así se hacen los proyectos. Los proyectos no se hacen por capricho, entiendo la buena fe del Presidente de desarrollar el sureste, pero ¿por qué mejor no lo desarrollamos con una buena planeación estratégica?”, cuestionó la diputada Silvia Garza Galván.
Este domingo, expertos ambientales advirtieron que el Tren Maya impactará severamente a las comunidades en la tenencia de la tierra, en lo ambiental y lo social.
Algunas de las medidas que cuestionan son las estructuras de los Fideicomisos de Inversión de Bienes Raíces (Fibras) en cuyas ganancias quedan fueran los ejidatarios.
Así como las asignaciones directas de contratos a empresas extranjeras para diseñar el plan maestro y el estudio costo-beneficio.
La también bióloga y subcoordinadora de Desarrollo Metropolitano, Medio Ambiente y Cambio Climático del grupo parlamentario de PAN señaló el riesgo de construir un proyecto de infraestructura ferroviaria en el sureste del País, sin considerar el ordenamiento ecológico y territorial de la zona.
“A nivel mundial, uno de cada mil megaproyectos es exitoso. El Tren Maya no es ambientalmente viable y no lo digo como diputada, lo digo como bióloga. Va al corazón de la selva maya, va sobre ecosistemas muy frágiles y va impactar muy fuertemente a los ecosistemas”, afirmó.
“Se requiere un proyecto bien estructurado porque poner los recursos financieros en una incertidumbre social y jurídica, es muy difícil porque se tienen conseguir todos los permisos”.
Beatriz Manrique Guevara, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, advirtió que ni la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene claridad sobre los alcances de este proyecto de infraestructura.
“La propia Semarnat no tiene claridad del proyecto según lo ha expresado la propia Secretaria, ha dicho que este proyecto está en manos de la Secretaría de Turismo.
“Lo que hay en torno al Tren Maya es mucha especulación y es inevitable no especular desde la preocupación legítima de los propios ejidatarios y poseedores de la tierra como también de ambientalistas porque la especulación se deriva de la propia incertidumbre y de la falta de claridad que ha caracterizado este proyecto desde el principio”, apuntó Manrique.
Además de los impactos sociales y sobre la tenencia de la tierra, dijo, existe incertidumbre sobre los posibles impactos ambientales que tendrá este proyecto.
“No sólo son las posibles afectaciones a las Áreas Naturales Protegidas federales y estatales sino también a las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), como en el caso de Campeche donde ejidatarios y comuneros han destinado importantes áreas que son como cinturones de contención a la reserva de la biósfera de Calakmul”, agregó.
La legisladora del PVEM urgió al Gobierno a concluir los estudios de impacto ambiental y comunicar los resultados a los mexicanos para acabar con la especulación en torno al Tren Maya. (Agencia Reforma)