CHIAPAS, MX.- Cientos de policías federales, estatales y municipales, así como elementos de Protección Civil y otras unidades de emergencia, desplegaron un operativo policiaco para desalojar a familias de tres asentamientos irregulares en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, publicó Proceso.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) dio a conocer que desde esta madrugada, se desarrolló un operativo coordinado con fuerzas del orden público de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Policía Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y brigadistas comunitarios de la Comisión Nacional, para la recuperación de zonas invadidas a lo largo de varios kilómetros en los límites del Parque Nacional Cañón del Sumidero.
El operativo en el que se recuperaron unas 47 hectáreas, se realizó para desalojar a invasores de los predios denominados Los Limones, La Fortuna y Ampliación Las Granjas.
En uno de los asentamientos se desmantelaron 130 casas de lámina, madera y concreto y ahí se conminó al grupo de invasores a que se retiraran del sitio permitiéndoles recuperar sus pertenencias y salir del lugar.
Las autoridades dejaron de manifiesto que las acciones de invasión a la propiedad federal delimitada por el polígono del PN Cañón del Sumidero, constituye un delito ambiental en contra de la biodiversidad y daño patrimonial derivado de la ocupación irregular de un bien perteneciente a la nación.
Del lugar se retiró a un grupo de 150 personas, se levantaron residuos de basura y se estableció un cerco de vigilancia en la zona con elementos de seguridad para evitar que el sitio sea ocupado nuevamente.
La CONANP dijo que continuará con los procedimientos respectivos derivados de las demás denuncias presentadas ante las instancias correspondientes por delitos del fuero federal, en afectación del PN Cañón del Sumidero, las cuales continúan en procedimiento jurídico, en apego a los procedimientos de ley y dentro del marco del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
La CONANP dijo hoy que continuará con las acciones de conservación, restauración y de manejo, señaladas en el programa del Área Natural Protegida que será dado conocer en fechas próximas y que se apegará al nuevo decreto en la materia.
Una calera, otro problema
Aunado a las invasiones, otro fenómeno que afecta al Parque Nacional del Cañón del Sumidero, es una empresa calera que se encuentra en el municipio de Chiapa de Corzo y que afecta a esa Área Natural Protegida.
Fue por ello que la semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Chiapas y al gobierno federal para que actúen y prevengan ese riesgo persistente desde hace varias décadas.
La CNDH dirigió la recomendación 12/2019 a la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco Ortiz Mena, y al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.
El organismo nacional detectó que las autoridades involucradas no han desarrollado las acciones necesarias para la efectiva protección del patrimonio cultural y natural que conforma el Parque Nacional “Cañón del Sumidero”, por los impactos ambientales negativos ocasionados sobre los ecosistemas terrestres y la atmósfera, por la actividad de una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de cal, además de que se pone en riesgo la salud de quienes habitan en las inmediaciones.
Tras analizar diversos escritos de queja por las emisiones a la atmósfera que genera esa empresa, que afectan la salud de quienes viven y transitan por ese lugar, la CNDH acreditó la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, por lo que se llevó a cabo una conciliación con la Semarnat, la CONANP y el gobierno del estado de Chiapas, que no fue atendida en su totalidad, por lo que se determinó la reapertura del expediente.
Se advirtió que, aun cuando se encuentra dentro de los límites del “Cañón del Sumidero” —declarado Área Natural Protegida mediante decreto presidencial en 1980—, la empresa cuenta desde 1999 con Licencia de Funcionamiento expedida por la Semarnat, actualizada en dos ocasiones, a pesar que la legislación vigente prohíbe la realización de ciertas actividades productivas en la zona. (Fuente: Proceso)