Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue aprobada con graves violaciones de procedimiento que ameritan su invalidez total, concluyó, por 6 votos contra 5, la Suprema Corte de Justicia.
La postura, sin embargo, no alcanzó los ocho votos necesarios para invalidar la ley por esta razón, por lo que esta parte del caso fue desestimada, y no habrá pronunciamiento de la Corte en la sentencia final.
Está pendiente aún el argumento más importante: que la ley es inválida porque no fija parámetro alguno para determinar el salario del Presidente de la República, tope para todos los demás funcionarios, mismo que se discutirá el lunes.
La Cámara de Diputados, indicó la mayoría, aprobó la ley casi siete años después de haber recibido la minuta del Senado, sin que se hubiera dictaminado en comisiones, desechando todas las objeciones de la oposición, y produciendo una norma desfasada del contexto legal vigente.
En consecuencia, se violó el artículo 72 de la Constitución, que ordena la discusión “sucesiva” de las iniciativas en ambas cámaras, además de varios artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La minoría no consideró que existieran esas violaciones, o si las hubo, fueron de relevancia menor y no afectaron el debate democrático.
Diccionario en mano, la minoría explicó que la discusión “sucesiva” en ambas cámaras no quiere decir “inmediata” en el tiempo, sino que una lo haga después que la otra.
Alfredo Gutiérrez, en la mayoría, afirmó que esta interpretación es “tautológica”, equivalente a decir que un animal con dos patas tiene que poner una delante de otra para caminar.
Arturo Zaldívar descalificó la supuesta “sofisticación” de esta interpretación y rechazó que la actuación “sucesiva” de las cámaras tenga que ser inmediata.
“Esta pasando la mayoría de una teoría deferente con la vida interna de los parlamentos, a una teoría intervencionista en la vida interna de los parlamentos”, advirtió.
“Una enorme cantidad de leyes se tendría que invalidar, porque no hay procedimientos legislativos perfectos”.
Según la mayoría, la Cámara baja concedió tres prórrogas para dictaminar esta minuta, cuando su Reglamento solo permite una, y la tercera venció en abril de 2016, por lo que la ley debió discutirse desde entonces en el pleno.
“No hay base Constitucional para sostener que una minuta que llega de una Cámara a otra pueda estar ahí por un tiempo indeterminado, hasta que finalmente se considere oportuno discutirla”, señaló Jorge Pardo.
Yasmín Esquivel replicó que en realidad solo fue una prórroga, y que al día de hoy hay 846 minutas pendientes en ambas cámaras, algunas de ellas desde hace diez años, mientras que Javier Láynez destacó que desechar las reservas de la oposición es un “uso cotidiano” en las cámaras. (Agencia Reforma)
