CANCÚN, MX.- Para el titular de la Secretaría de la Contraloría del estado (Secoes) Rafael Del Pozo Dergal, los nombramientos de Alejandro Gertz Manero, como fiscal General de la República, y de Santiago Nieto Castillo, como titular de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, sí han mostrado que existe una mayor intención de combatir la corrupción, lo que no había notado en la anterior administración federal. Además, ve a las instancias operando con autonomía.

“Creo que ha habido un cambio muy importante; sobre todo son más prácticos en el trabajo; primero concretar que la Fiscalía General tenga titular cambia las perspectivas en la procuración de justicia; y con la llegada del maestro Nieto Castillo se da impulso a los trabajos de inteligencia, para que haya una verdadera rendición de cuentas y no una simulación”, señaló en entrevista el titular de Secoes.

Esto permitirá, considera, esclarecer lo que sucedió con las operaciones, saber qué empresas participaron o dónde quedó el dinero.

“Buscando a través de los procesos de extinción de dominio y de lo que está a nuestro alcance para recuperar lo que fue sustraído de manera irregular del estado; esto ayuda a que haya más coordinación a la vez que se garantice cierta autonomía, que antes no existía”, expresó.

RODRÍGUEZ MARRUFO, ÚNICO CASO CERRADO

Al ser cuestionado sobre el número de casos y personas involucradas, mencionó que hasta el momento el único caso ya finiquitado es el de Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular del Seduvi, luego de que hubo una reparación del daño. Todos los demás casos y carpetas siguen vigentes.

“La parte de proceso penal continúa conforme a las reglas; fueron alrededor de 50 denuncias en las que se involucra a unas 100 personas entre funcionarios, particulares y empresas fantasma; además, está la vía administrativa; muchos no pudieron ser tramitados por la vía administrativa porque habían prescrito, el plazo es de un año; lo que no quiere decir que se desatendieran en lo penal”, detalló.

Explicó también que muchos casos no fueron siquiera tomados en cuenta debido, a que ya habrían prescrito y que solo hubieran sido una pérdida de tiempo para la administración.

Concluye diciendo que se han generado hasta más de 500 inicios de carpetas contra funcionarios y sobre todo ex funcionarios, pero que muchas de ellas no han podido consolidarse. De ahí que persistan las aproximadamente 50 que mencionó. (Noticaribe)