CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy por la mañana, un juez federal concedió la suspensión definitiva de la construcción del aeropuerto de San Lucía en favor de residentes del municipio de Zumpango que, a través del colectivo #NoMásDerroches, promovieron una demanda de ampara en contra de la construcción de dicho aeropuerto”, informó a través de un comunicado publicado en Twitter.
En el documento, la Coparmex precisó que esto obliga a las autoridades relacionadas con el desarrollo de la obra a abstenerse de continuar con las labores hasta que tomen medidas en materia de medio ambiente.
“La suspensión definitiva concedida por el juez decimotercero de Distrito en el Estado de México, obliga a las autoridades a abstenerse de continuar con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que existan las autorizaciones necesarias que aseguren que dicho proyecto no perjudicará al medio ambiente ni atentará con la integridad del patrimonio cultural en el predio donde se pretende construir”, destacó.
Coparmex forma parte del colectivo #NoMásDerroches, en el que también está Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C.
Aunque esta decisión puede ser impugnada por el Ejecutivo o anulada si se presentan los documentos que solicita el juez, supone una victoria parcial que sienta las bases suficientes para robustecer el resto de los juicios, explicó Gerardo Carrasco, abogado de Mexicanos contra la Corrupción.
“Si el gobierno mueve un ladrillo, el funcionario que haga eso estará cometiendo un delito”, aseguró.
El proyecto de López Obrador está ubicado en la base aérea militar Santa Lucía. El Ejército estará a cargo de la construcción, valuada en 4 mil 100 millones de dólares, y la previsión es que inicie operaciones a mediados de 2021.
Según el Gobierno, este proyecto le ahorrará dinero a las arcas públicas, incluso considerando las pérdidas por la cancelación de la terminal parcialmente construida en Texcoco.
Pero distintos colectivos han criticado, entre otras cosas, la premura del proyecto y la falta de documentos técnicos que avalen su viabilidad.
El juicio que ahora ha paralizado la obra tenía como peticionarios a los residentes del municipio de Zumpango, que quieren garantizar que se proteja el medio ambiente y el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico de la zona. (Fuente: El Financiero)
