Por Rafael Briceño
BACALAR, MX.- Habitantes del ejido Aarón Merino Fernández, del municipio de Bacalar, afirmaron que no se dejarán intimidar ni tampoco entregarán las 100 hectáreas o los 500 millones de pesos que les solicita el presidente municipal, Alexander Zetina Aguiluz para que otorgue su firma para la regularización de 960 hectáreas que estarían destinadas a actividades de desarrollo ecoturístico.
En meses anteriores pareció una manta en la comunidad denunciando a Zetina Aguiluz de apropiarse de terrenos y venderlos, a pesar de que tienen propietarios. En esa manta atribuida a los 5 hermanos, se le exigía al alcalde la devolución del dinero que obtuvo por la venta de una propiedad.
Los ejidatarios realizaron una manifestación en el palacio municipal de Bacalar para acusar al alcalde de ladrón, sentenciándolo que no les robará ningún peso, además de señalarlo de nunca estar en sus oficinas.
“Presidente fantasma, multimillonario, corrupto y nefasto, deja de robar y ponte a trabajar”, se leía en las mantas.
El representante de los ejidatarios, Román Guzmán González anticipó que solicitarán al gobierno federal se realice una auditoria a la administración de Zetina Aguiluz y a sus familiares para investigar la procedencia de todos los bienes muebles e inmuebles que ha obtenido como alcalde de Bacalar.
Explicó que el alcalde se ha dedicado a retrasar la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano, en tanto no satisfaga sus intereses, ya que a pesar de la autorización de la asamblea ejidal para regularizar 3 mil hectáreas la autoridad municipal solo pretende 960 hectáreas.
Afirmó que a pesar de tener cubierto todos los requisitos, una persona a la que identificó como Marcial dijo que no se autorizará por parte del alcalde hasta que no cumplan con el “compromiso” contraído. Román Guzmán reiteró que no pagaran dinero ni entregarán hectáreas para obtener la autorización de la regulación de las tierras.
Incluso anticipó que de no obtener respuesta procederán a recuperar las tierras que se encuentran en usufructo de los gobiernos municipal, estatal y federal porque no les han pagado las indemnizaciones correspondientes. (Noticaribe)
