Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A casi dos años de la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los brazos estatales de este mecanismo se encuentran paralizados por la intervención de gobernadores y legisladores que han obstaculizado la correcta implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA).
Una investigación realizada por la organización, “ETHOS, Laboratorio de Políticas Públicas” en diez entidades muestra además que en todos los casos hubo acciones para bloquear la participación de la sociedad civil en esos sistemas, independientemente del origen partidista del gobernador.
Además han complicado la conformación de las estructuras, el presupuesto y el marco legal para garantizar la operación de los Consejos de Participación Ciudadana (CPC) en los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA).
Los estados revisados fueron Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.
Por ejemplo en Baja California, “el PAN en el Congreso y en el gobierno del estado, con dolo, alevosía y ventaja, están congelando nombramientos para afectar este esfuerzo ciudadano”, señala el diputado Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California (PBC).
Esta entidad, que a partir de noviembre será gobernada por Morena, luego de 30 años de dominio panista, es una de las tres que todavía no tienen fiscal anticorrupción. Las otras son Baja California Sur y Ciudad de México.
A Juan Manuel Carreras, Mandatario de San Luis Potosí (PRI), lo señalan de propiciar un letargo que alcanza tintes surrealistas, pues el Periódico Oficial estatal tardó ocho meses en publicar la toma de protesta de los miembros del CPC, y, cuando lo hizo, nombró como presidenta a una integrante que ya había renunciado al cargo e inclusive que ya había fallecido.
San Luis Potosí es además uno de los seis estados que no cuentan con Secretaría Ejecutiva del SEA. Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala tampoco han nombrado al brazo directivo que por ley debería velar por la rendición de cuentas.
Ethos documentó además que los procesos se alejan de las mejores prácticas en aspectos como la armonización de leyes con respecto al modelo nacional, lo cual indica la falta de voluntad política en los congresos locales.
En Nuevo León, Daniel Butruille, integrante de Ciudadanos Contra la Corrupción asegura que los coordinadores de las bancadas de diputados de Nuevo León “son los que definen los rumbos; ellos son realmente los portavoces de la partidocracia”.
Javier Garza y Garza, fiscal anticorrupción de la entidad, reconoce que tiene en su escritorio 177 expedientes sin resolver, por trabas de funcionarios poco acostumbrados a la rendición de cuentas. (Agencia Reforma)
