YUCATÁN, MX.- Ejidatarios procedentes de varios municipios de la entidad se plantaron este lunes a las puertas del Tribunal Agrario Unitario (TAU) 34, para exigir la destitución del magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez, a quien acusan de incurrir en actos de corrupción para favorecer en litigios agrarios a las industrias de energía eólica que buscan asentarse en sus territorios, publicó Proceso.
Los manifestantes exigieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Mauricio Vila Dosal, con el fin de poner freno al despojo de tierras ejidales, y advirtieron que permanecerán indefinidamente en el plantón hasta que sus demandas sean resueltas.
El abogado de los quejosos, Julio César Balam Escamilla, explicó que el magistrado del TAU 34 dejó antecedentes de corrupción en otras plazas donde se desempeñó, como Sinaloa, donde fue acusado de alentar despojos ejidales.
Los manifestantes, procedentes de los municipios de Motul, Sinanché, Cansahcab, Bokobá, Progreso, Buctzotz, Suma, Ixil y Yobaín, encararon al magistrado en cuestión, cuando pretendía ingresar al edificio, y a empujones lo obligaron a retirarse, junto con sus asistentes.
El abogado explicó que ejidatarios de Cansahcab y Sinanché entablaron una demanda de “nulidad de contrato de usufructo” contra las empresas de energía eólica, ya que pretenden pagar a los propietarios de las tierras tarifas muy por debajo del valor de avalúo, que oscila entre 32 millones y 75 millones de pesos, respectivamente.
Destacó que, en estos casos, Betancourt Sánchez ha presionado a los ejidatarios para que acepten sólo el 2% de los contratos.
En lo que respecta a Motul, dijo, el magistrado aceptó una demanda de nulidad de una asamblea de agosto pasado, en la que democráticamente se eligió a Jorge Marcelino Alonzo Chuc como representa ejidal, pero en su lugar fue impuesto Julio Can Chuc.
Lo anterior se consumó en contubernio con el exsubprocurador del estado, Rafael Acosta Solís, a quien desde hace tiempo se le vincula en casos de especulación y despojo de tierras ejidales, recalcó.
Finalmente detalló que son más de 5 mil los ejidatarios afectados por las resoluciones de Betancourt en los municipios mencionados. (Fuente: Proceso)