TABASCO, MX.- La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) acusó al estado de Tabasco de ser corresponsable en la “criminalización” de los migrantes y colectivos defensores de sus derechos, publicó Proceso.
En un comunicado difundido el jueves, las 87 organizaciones de 23 estados del país que conforman la Red TDT expresaron su apoyo a La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes ubicada en Tenosique, Tabasco, ante los diversos hostigamientos y amenazas en su contra, documentados en las recientes semanas.
“El estado de Tabasco es corresponsable en esta nueva forma de criminalización a las personas y colectividades defensoras de los derechos de migrantes”, denunciaron, y mencionaron que La 72 cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De igual manera, recordaron que, desde su apertura en 2011, La 72 ha acompañado a más de 100 mil personas migrantes en su paso por México en busca de condiciones de vida digna, con asistencia humanitaria, asesoría y gestión migratoria, y también ha denunciado a autoridades, crimen organizado y redes de trata y tráfico de personas.
Todo ello con el objetivo de generar mejores condiciones de tránsito para las personas que se ven obligadas a hacerlo, mediante un trabajo totalmente gratuito con un alto sentido de dignidad.
“Desafortunadamente han recibido amenazas y hostigamientos por parte del crimen organizado y autoridades estatales y federales”, lamentaron.
Señalaron que les resulta “sorpresivo e inaceptable” que, en el contexto de la actual política de control y disuasión de la migración, y tras los señalamientos públicos vertidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un presunto mal manejo de dinero en albergues, “instancias públicas del estado de Tabasco busquen criminalizar y difamar a esta organización que es parte de la Red TDT”.
En este sentido, condenaron el reciente anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tabasco (UIFT) que “criminaliza a priori el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes”.
“Es claro que sus señalamientos en torno a lo que llaman la ‘detección de operaciones de lavado de dinero en albergues para la atención de migrantes en territorio tabasqueño’, tienen el claro objetivo de criminalizar el legítimo trabajo de defensa de los derechos de las personas migrantes, así como debilitar la estructura civil de protección y acogida a personas migrantes en México”, manifestaron.
También calificaron de preocupante las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, en las que se basó el comunicado de la UIFT.
Si bien Encinas negó en un tuit haber hecho esas declaraciones y mucho menos hacer trabajo de inteligencia financiera, “lo que se requiere es un posicionamiento institucional claro por parte del subsecretario, que en términos legales es el responsable máximo de temas de migración y derechos humanos en nuestro país”, recalcaron.
Y más: “Nos resulta muy llamativo que tras situaciones recientes que pretenden poner en entredicho la labor que realiza La 72, venga este acto intimidatorio y criminalizante desde el ámbito estatal”.
Concretamente citaron la nota de un periódico estatal, así como perifoneos locales, “en los que se realizan acusaciones infundadas contra el albergue, pero particularmente contra su director, Ramón Márquez”.
Además, puntualizaron, La 72 enfrenta de forma reiterada actos de vigilancia, acoso y amenazas, lo que constituye un mensaje muy claro para las personas y colectividades defensoras de migrantes.
“Por encima de la soberanía están los acuerdos con Washington, y será criminalizado quien suponga un obstáculo a los deseos de Trump”.
Por ello, demandaron el cese inmediato del proceso de criminalización contra La 72, personas y colectividades defensoras de derechos humanos de personas migrantes.
Instaron al gobierno de la República a reiterar su compromiso con los derechos humanos, evitando criminalizar a un sector fundamental de la sociedad, “que ha mostrado un profundo compromiso con quienes llegan a México en busca de refugio, lo cual es emblemático del pueblo mexicano.
Asimismo, que se establezca un proceso de diálogo entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil, orientado a distinguir los patrones que ocurren en el contexto del acompañamiento solidario a las personas migrantes en tránsito, de aquellos que utiliza el crimen organizado para sus actividades.
Finalmente hicieron un llamado a la sociedad para cerrar filas en torno a las personas defensoras de migrantes.
“La historia de nuestro pueblo no debe estar escrita por un despotismo indolente, sino por una solidaridad receptiva y generosa”, remataron.
El documento está firmado por las 83 organizaciones civiles defensores de los derechos humanos, entre ellas la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jalisco); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hidalgo); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chihuahua); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coahuila); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México), y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas). (Fuente: Proceso)
