Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Ante la inconformidad de prestadores de servicios de transporte público por la aplicación de multas que oscilaban entre los 26 mil y hasta los 80 mil pesos, la Decimoquinta Legislatura prepara una nueva modificación a la Ley de Movilidad para reajustar tarifas entre los 150 y 700 UMAS, en lugar de la que actualmente se aplica, que es de 300 a mil UMAS.
El director del Instituto de Movilidad, Jorge Pérez Pérez confirmó que se realizarán ajustes al contenido del Artículo 204 de la citada ley, ya que las cantidades aprobadas eran prácticamente impagables para los transportistas.
Al salir de una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, explicó que se platicó con los diputados y se reconoció que habían excedido en la aplicación de multas, “además de que se abrió la posibilidad de que se pueda tener en forma adicional un descuento de hasta el 40 por ciento, si se paga dentro de los 10 días hábiles”.
También se acordó realizar ajustes a diferentes cobros, así como también en la adquisición de seguro vehicular, el cual se “focalizó” en cuanto a que la cobertura debe amparar daños a terceros y ocupantes, y si los vehículos resultan dañados serán atendidos y reparados con recursos del sindicato.
Pérez Pérez aclaró que el Instituto de Movilidad no es un organismo recaudatorio, ya que eso le compete a la Secretaría de Finanzas.
Reconoció que la Ley de Movilidad tiene que modificarse y mejorarse, ya que apenas está comenzando a funcionar en Quintana Roo. “Es una ley humanista y en su momento dará resultados cuando comencemos a hablar de estudios técnicos y de sustentabilidad”, afirmó.
Dijo que el Instituto de Movilidad debe tener su estructura bien armada para lograr hacerse de recursos a través de la elaboración de estudios de movilidad. Explicó que en el caso de Monterrey dichos estudios tienen un costo de 70 millones de pesos y que para el caso de Cancún y Playa del Carmen, el llamado Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), será costoso y en el que deberá confluir recursos tanto del Instituto de Movilidad como de los propios ayuntamientos. (Noticaribe)
