Por Adriana Varillas / Ethos Laboratorio de Políticas Públicas [*]

PARTE 1 de 2

A casi dos años de haberse creado el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Quintana Roo, que completó su estructura operativa en agosto de 2018, sus avances lucen lentos. Aún no registra resultados o acciones contundentes y su trabajo es inexistente para el común de la población, familiarizada con la corrupción, pero distanciada de este nuevo modelo legal de coordinación entre autoridades y ciudadanos para combatir la impunidad, fomentar la transparencia e inhibir la deshonestidad.

“Al Sistema le hace falta una victoria concreta, visible. No necesariamente que alguien vaya a la cárcel, pero sí un éxito pronto, concreto, resultado del trabajo del Sistema”, afirma el presidente de la Coparmex Cancún, Adrián López, ratificado en el cargo el 30 de marzo pasado.

Por separado, Cynthia Dehesa, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), coincide en que “la alternancia no rompió las estructuras de corrupción; ahí es donde el Sistema debe impactar”, mientras que Celina Izquierdo, vocera de la Comisión de Selección (CS), agrega que “la gente no sabe qué esperar del Sistema, lo cual es muy peligroso”.

Eduardo Galaviz, del Observatorio Legislativo, manifiesta que la sociedad no tiene información sobre el SEA, cómo está integrado y su funcionamiento, no porque no existan los datos, sino porque “lo que no hay es difusión”.

La ausencia de resultados tangibles y de apropiación del Sistema Anticorrupción por parte de la ciudadanía, sumado al cambio de gobierno federal, lo hacen peligrar en el futuro inmediato, coinciden quienes conocen desde dentro el aparato que intenta combatir la corrupción en el estado.

Antonio León Ruíz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, advierte poca claridad en el discurso del presidente, Andrés Manuel López Obrador:

“Esperemos que la visión nacional no vaya a ir desmantelando el Sistema. Al presidente no le gustan los temas de la sociedad civil, la transparencia. Hay un riesgo latente de que todo lo construido en los últimos 19 años pase por una ruta crítica, donde se inhiba la actuación de la sociedad civil”.

El presidente de la Gran Comisión en el Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila (PAN), coincide con el magistrado: “El riesgo principal que enfrenta la transparencia, es que se le considere un asunto ‘fifí’; porque parece que es un tema de algunos pocos; de ciudadanos que no tienen nada que hacer mas que generar solicitudes de información. Se tiene que democratizar”.

La fundadora de la organización “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, Fabiola Cortés Miranda, se asume pesimista.

“Veo un negro panorama, que inicia con las descalificaciones a una institución como lo es el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que me parece muy grave como usuaria de esa herramienta que es tan útil para combatir la corrupción.

“No creo que existan reformas para darle empuje al Sistema. Es algo que no le convence, porque está consciente que no le conviene y, por el contrario, le afecta. Van a tratar de relegar el tema y sus incipientes avances”, subraya.

Sobre el tema, el titular de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), Rafael del Pozo Dergal, urge a la ciudadanía a no perder los espacios ganados hasta ahora e insta a involucrarse más en la vigilancia del Sistema, con mayor exigencia, constancia y compromiso.

El funcionario menciona que después del clamor social por acabar con la corrupción y los excesos que caracterizaron al gobierno del entonces mandatario y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Borge (2011-2016), sobrevino un agotamiento en la sociedad civil. “Hoy se siente un letargo y ese clamor se volvió un susurro”.

En 2016, la ciudadanía quintanarroense votó en contra de Borge y se decantó por Carlos Joaquín González, quien había roto con el PRI para insertarse en la contienda como abanderado por la coalición PAN-PRD, con el eslogan del “cambio” y la promesa de no dejar impunes los actos u omisiones del borgismo.

En 2017, nueve de cada 10 quintanarroenses de 18 años o más, consideraron que los actos de corrupción son comunes en su estado, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que coloca a la entidad casi al fondo, en el lugar 24 a nivel nacional.

También reporta que, de cada cinco personas que tuvieron contacto con algún servidor público, una vivió una experiencia de corrupción.

Avances: armonización legislativa y… nada más

Los logros del Sistema se limitan a la creación de su ley marco -lo que incluye la armonización de siete leyes reglamentarias aprobadas el 14 de julio de 2017- así como a la designación de sus integrantes ciudadanos dentro de la Comisión de Selección (CS), del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del titular de la Secretaría Ejecutiva (SE), proceso que inició el 17 de octubre de ese año y culminó el 28 de agosto de 2018, con el nombramiento de Luis Eduardo Ánica Rodríguez como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva.

Esas designaciones, además de ser fruto de convocatorias abiertas dentro de los procedimientos que establece la Ley, estuvieron a cargo de las y los ciudadanos, aunque fueron aprobadas por el Congreso, indican Martínez Arcila e Izquierdo Sánchez.

Sin embargo, las designaciones de la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, del Auditor Superior del Estado, del presidente del Tribunal Superior de Justicia y de los cinco magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) -que nació con el Sistema- no emanaron de procesos netamente abiertos y fueron objeto de señalamientos.

La tardanza con que fue nombrado el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva –en agosto de 2018– propició que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), retuviera los seis millones de pesos que se autorizaron para el presupuesto del Sistema, en ese año, lo que a su vez provocó que las y los integrantes del CPC invirtieran de su propio dinero para sacar adelante el trabajo. Fue hasta diciembre que los recursos aprobados les fueron reintegrados.

“En diciembre de 2017, cuando estábamos en el proceso de selección del primer CPC, nos preguntábamos cómo iban a solicitar su presupuesto para el 2018, si serían nombrados hasta marzo de ese año. Sin tener la facultad, el Comité de Selección gestionó un presupuesto.

“Se pidieron 20 millones y se aprobaron sólo seis, pero el recurso no se liberó hasta diciembre de 2018, de tal modo que los integrantes del CPC tuvieron que poner de su dinero todo ese año”, narró Celina Izquierdo.

Presupuesto, ¿insuficiente o ajustado a resultados?

De acuerdo con integrantes del propio SEA, aunque aquello se superó, en diciembre del 2018, cuando se discutía el presupuesto asignado al SEA, Miriam Cortés Franco –entonces al frente del CPC– advirtió que se corría el riesgo de no cumplir con los objetivos trazados de no aprobarse los casi 21 millones de pesos solicitados para el ejercicio fiscal 2019.

Se aprobaron sólo 10 millones. El argumento del Congreso es que se fortaleció todo el Sistema, aumentando el presupuesto a dependencias y organismos integrados al Comité Coordinador.

Cynthia Dehesa y Marcos Gutiérrez concuerdan en que el argumento es falaz, porque no garantiza que el monto aumentado se dirija expresamente al combate a la corrupción, sino a satisfacer las funciones propias de cada dependencia que integra el SEA.

El Sistema tiene “la mitad del presupuesto necesario”, lo que equivale a una “voluntad a medias”, expresa Dehesa. Gutiérrez añade que el tamaño del presupuesto es un indicador del tamaño de voluntad política para hacer del combate a la corrupción una realidad y del Sistema, una herramienta eficaz.

En contraste, para organizaciones como Somos Tus Ojos, el monto presupuestal fue “adecuado”, tomando en cuenta los resultados, que califica como “pobres” o “inexistentes”, tanto del CPC como del Sistema en general.

El presidente de la Coparmex-Cancún manifiesta que, comparado con el presupuesto de otros Sistemas, el de Quintana Roo “no está mal”, aunque resalta que el estado está obligado a invertir más, al encabezar a las entidades con índices más altos de corrupción e impunidad en el país.

Del Pozo Dergal considera que “el dinero no sustituye al ingenio”, mientras que el diputado Martínez Arcila recuerda que bajo las mismas condiciones operan las dependencias de gobierno, con muchas necesidades, pero recursos limitados.

Honorarios del CPC, ¿excesivos o justificables?

El principal órgano ciudadano del Sistema –el CPC– opera en una suerte de “limbo” e indefiniciones en cuanto a sus tareas y funciones, además de enfrentar críticas por los onerosos honorarios que reciben sus miembros.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Anticorrupción, quienes integran el CPC no tendrán relación laboral alguna con la Secretaría Ejecutiva, pues el vínculo legal y su contraprestación serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios.

No gozarán de prestaciones y percibirán honorarios equivalentes a la remuneración de un secretario de la administración pública estatal.

De acuerdo con el tabulador de sueldos y compensaciones 2019, el sueldo bruto de un secretario estatal es de 117 mil pesos, tomando en cuenta la compensación bruta por nivel de responsabilidad.

A decir del CPC, cada uno de sus integrantes gana 95 mil pesos mensualmente, lo que suma un millón 140 mil pesos al año, es decir, tan sólo en los honorarios del CPC para el 2019, se consumirán 5 millones 700 mil pesos del presupuesto otorgado al Sistema, lo cual equivale a más de la mitad del dinero aprobado por el Congreso local.

Para el contralor estatal los honorarios de las y los integrantes del Comité son “excesivos” y considera que además de que deberán tomar un papel “más protagónico”, pues su desempeño ha sido “bastante modesto”, tendrá que discutirse cómo hacer para que sus integrantes se involucren de lleno en su labor y ésta sea su prioridad.

Las y los integrantes del CPC también pueden conservar su empleo base, lo cual es calificado por el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, como una “bigamia laboral”.

“No es correcto que alguien que está trabajando en el Sistema, siga trabajando por su cuenta; no puedes ganar aquí y allá; no es corrupción, pero no es ético”, insiste Galaviz.

Cynthia Dehesa, por el CPC, ataja y asegura que la importancia de este órgano dentro del Sistema, requiere de profesionistas especializados en la materia, que eleven el nivel de los diagnósticos, la elaboración de políticas públicas anticorrupción, indicadores y lineamientos que se entregarán a la Secretaría Ejecutiva y al Comité Coordinador para su aprobación y eventual implementación.

Admite que hay un debate del por qué si es un trabajo de medio tiempo, el pago es tan alto y si la remuneración no debería ser menor, para invertir más en las acciones del CPC y no en sueldos.

Argumenta que viáticos, instalaciones, insumos, personal y recursos materiales, necesarios para desempeñar su función, salen de sus honorarios, pues no se les asigna ningún recurso adicional.

MAÑANA: Parte 2 | Ven complicidades políticas en la instalación del aparato anticorrupción de QR

 

[*] Este reportaje forma parte de “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya. https://ethos.org.mx/