Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En varias entidades del país la circulación de autos chocolate o importados ilegalmente de Estados Unidos, es un negocio para diversas organizaciones gremiales.
En la organización Unión Campesina Democrática (UCD), por afiliarse y pagar la cuota anual de mil 200 pesos por un carro, por ejemplo del año 2012, se otorga una placa que permite circular por casi todos los estados.
Sólo están excluidas Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Tabasco y Chiapas.
“Se le da su constancia donde se ponen los datos del vehículo y de la persona que solicita, se le da su placa y engomado para poner al vehículo y se le da el número de la coordinadora por si en algún momento se tiene un problema se comunica con ella o directamente con esta oficina”, detallan en una llamada para pedir informes.
Existen otras agrupaciones como la Organización Nacional De Protección Al Patrimonio Familiar (Onappafa), el Comité Nacional Pro Defensa de la Economía Familiar (Condefa) y la Asociación Nacional de Protección a los Mexicanos (Anapromex).
Un ciudadano estadounidense o un familiar de mexicanos que vive en EU puede ingresar su unidad al país, pero si transcurridos seis meses el auto sigue en el territorio su estancia es considera como ilegal, explicó Balam Lammoglia miembro de la comisión de comercio exterior del Colegio de Contadores Públicos de México.
Sin embargo, algunos gobiernos estatales empezaron a ser más laxos con la estadía de las unidades, agregó Lammoglia.
“(Las placas) no tienen ningún fundamento legal, están agremiados y gozan de cierta anuencia en algunos lugares de la República en donde estas organizaciones se han empoderado y coaccionan a las autoridades locales y municipales que deben vigilar que estos carros no circulen y en caso de encontrarlos proceder a su decomiso”, detalló Lammoglia.
La existencia de estas organizaciones es cuestionable porque están respaldando la ilegalidad, el contrabando, generando caos y presionando al Gobierno federal para que se lleve a cabo la regularización de estos vehículos, consideró Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
El problema está focalizado en el norte de México, aclaró.
Piden decreto
Fidel Villanueva, presidente del consejo directivo de la Asociación Nacional de Protección a los Mexicanos (Anapromex), una de las organizaciones que da este tipo de permisos, justificó la existencia de este mecanismo.
El Gobierno debería emitir un decreto, dijo, para importar de manera definitiva estas unidades, hacerlas mexicanas y pagar los impuestos correspondientes.
“(Otorgar la placa) es un acto legal porque circulamos como todos los vehículos, el único problema que tenemos es que no son mexicanos los vehículos, no pagan impuestos y necesitamos pagarlos”, resaltó Villanueva.
“Yo tengo como 180 mil carros afiliados, bueno ¿pues para que me haces crecer (como organización)?, saca un decreto y yo desaparezco, a mí la gente ya no me necesitaría, pero la gente confía más; por ejemplo, en Ciudad Juárez (Chihuahua) confía más en Anapromex que en el Gobierno, porque el Gobierno los corrompe”, comentó.
El dirigente dijo que la gente compra autos extranjeros porque le son más accesibles a sus bolsillos.
Pero los autos chocolate desalientan la venta de autos usados legales en México, dijo Rosales de AMDA. (Agencia Reforma)