Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- La Auditoría Superior de la Federación inició desde la semana pasada auditorías en los 11 municipios para revisar la inversión en materia de obra pública para que, de acuerdo con los convenios firmados, a partir del próximo año se amplíen los trabajos hacia las entidades estatales, informó el Auditor Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera.
Manifestó que el Estado logró firmar los convenios de colaboración con la instancia federal, aun cuando había perdido la confianza con las dependencias estatales, “con base en los resultados que hemos ofrecido con nuestras acciones de auditorías y fiscalización”.
Indicó que en las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación al sector educativo y salud han sido mínimas las observaciones realizadas. “Antes Quintana Roo era observado con miles de millones de pesos, pero en la revisión correspondiente al ejercicio 2018 han sido mínimas”, aseguró.
Reiteró que no se han emitido observaciones relevantes que impliquen una afectación o daño al erario público y como ejemplo señaló que en el caso del sector salud han sido tres recomendaciones. Aunque en el caso de la revisión de la aplicación de los recursos en Seguridad Pública, la Auditoría Superior de la Federación lo realiza en forma directa, sin la colaboración de la Auditoría Superior del Estado.
Palacios Herrera explicó que en el caso de las revisiones de las cuentas públicas por parte de la Auditoría Superior del Estado registran un avance del 30 por ciento y se entregaron al Congreso del Estado los primeros 19 informes individuales, correspondientes a organismos paramunicipales como deportes, cultura y los sistemas DIF, donde no se encontraron irregularidades relevantes en materia financiera.
“Hemos hecho algunas recomendaciones en materia de control interno con el propósito de mejorar la administración municipal”, aclaró.
Indicó que el informe final se presentará en febrero del próximo año e incluirá la auditoría en materia de desempeño.
“Hemos advertido a los municipios sobre modificaciones a la ley y enfatizado que los recursos públicos son de la ciudadanía y no de quienes están al frente de la administración pública municipal y quienes hagan mal uso tendrán que responder ante los órganos internos de control, el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía General del Estado, dependiendo de la gravedad o no del delito”, advirtió. (Noticaribe)