CAMPECHE, MX.- El Congreso local aprobó hoy las polémicas reformas a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y expidió la Ley del Servicio Profesional de Carrera para la Administración Pública del Estado de Campeche, ambas promovidas por el Ejecutivo estatal, publicó Proceso.
La primera iniciativa acota beneficios a los trabajadores para “fortalecer” las reservas del sistema de pensiones y seguros de los burócratas estatales. La segunda, de acuerdo con sus detractores, servirá para favorecer exclusivamente a la alta burocracia, es decir, a quienes ocupan los puestos de confianza. Ambas pasaron por mayoría.
En el dictamen correspondiente a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstecam) se planteó la necesidad de adecuar la normatividad vigente para “sentar las bases” para un régimen “viable y económicamente sostenible” al sistema de pensiones y seguros.
De ese modo se pretende “evadir la perspectiva de presiones de liquidez a corto plazo y el déficit de caja en mediano plazo, para mantener su cometido esencial de la protección social de las y los servidores públicos al servicio del Estado de Campeche, y sus beneficiarios”.
Según la modificación al Issstecam, se definirá “con transparencia la constitución de la reserva para el financiamiento del sistema de pensiones y seguros; regular sus inversiones financieras, inmobiliarias y actividades comerciales; establecer fondos especiales de estabilización y reserva para evitar el desequilibrio entre ingresos y gastos de la seguridad social y estar en posibilidad, en todo momento, de atender de manera oportuna las prestaciones de ley”.
Además, se argumentó que las reformas aprobadas fijan prioridades y jerarquizan por importancia y objetivo la clasificación de las prestaciones en obligatorias y facultativas, y modifican además los montos y plazos en la concesión y renovación de préstamos.
No obstante, se aseguró que quedarán “a salvo los derechos constitucionales de los servidores públicos y la solvencia del sistema de pensiones de las nuevas generaciones”.
La iniciativa modifica también las estimaciones por concepto de seguro de fallecimiento y gastos de inhumación, eliminando la referencia en UMAS, a fin de mantenerlos actualizados aplicando el Índice Nacional de Precios al Consumidor para mejorar las prestaciones que correspondan a los beneficiarios.
Además se incorpora un Capítulo III denominado “De los Medios de Defensa” al Título Cuarto denominado “Generalidades”, reformándose en consecuencia el artículo 120 con el propósito de que las personas afiliadas, pensionadas y beneficiarias cuenten con un recurso legal que les permita inconformarse contra las resoluciones y actos que pudieren contravenir sus derechos, en observancia de los postulados de constitucionalidad y convencionalidad.
Asimismo, se eliminó la figura del fideicomiso de administración para sustituirse “por otro” instrumento financiero que garantice la seguridad, rendimiento, liquidez y transparencia de los recursos del Sistema de Pensiones y Seguros.
Se modificaron los artículos Sexto y Octavo Transitorios para determinar las aportaciones que en adelante tendrán que hacer los entes públicos en un plazo abreviado de tres años, en lugar de seis años propuesto originalmente, así como la variante en los porcentajes a percibir por concepto de pensión.
Las modificaciones, se justificó, están orientadas “a mantener un esfuerzo equilibrado entre aportaciones y cuotas del Estado y de los trabajadores para fortalecer el Sistema de Pensiones y Seguros de los trabajadores burocráticos del Estado de Campeche”.
Este dictamen recibió 22 votos a favor y nueve en contra, de algunos panistas y morenistas. El cuestionado líder de la bancada de Morena, José Luis Flores votó a favor en lo general y en contra en lo particular.
En la misma sesión se expidió la Ley del Servicio Profesional de Carrera para la Administración Pública del Estado de Campeche, la cual fue aprobada por 24 a favor y siete en contra, igual de algunos panistas y morenistas y el petista, Antonio Gómez Saucedo, quien advirtió que esta ley sólo beneficia a la alta burocracia. (Fuente: Proceso)
